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martes, 18 de noviembre de 2014

Concluyó la misión internacional de seguimiento #Guatemala

Barcelona/ Mambí en A/ La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con la cooperación de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (UDEFEGUA), realizó una misión en Guatemala entre el 10 y el 14 de noviembre, destinada a evaluar la implementación de las recomendaciones formuladas al Estado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en su informe CAT/C/GTM/CO/5-6 de 24 de junio de 2013.

La misión estuvo compuesta por el abogado chileno Roberto Garretón, abogado defensor de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y ex miembro del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, y J.Fernando Mejía-Montoya, abogado hondureño Fernando Mejía, ex Director adjunto de la OMCT y ex consultor independiente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La misión entrevistó a autoridades de instituciones públicas, entre ellas la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH); la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), así como con su Consejo Consultivo; la Dirección General del Sistema Penitenciario; y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

La misión solicitó entrevistas al Organismo Judicial, el Ministerio Público y el Ministro de Gobernación, las que no fueron respondidas. También lamenta no haber podido encontrar a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso por razones ajenas a su voluntad, derivadas de las incidencias sociales ocurridas en los alrededores del Congreso.

Asimismo, tuvo encuentros con la Delegación de la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También escuchó testimonios de representantes de organizaciones de la sociedad civil particularmente involucradas en el combate universal y nacional contra la tortura, la impunidad de los responsables y en favor de reparación a las víctimas, así como con personas que han estado privadas de libertad y que han sufrido torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La OMCT y UDEFEGUA agradecen la colaboración de las autoridades, organizaciones e individuos que participaron en las reuniones realizadas durante la misión.

A la luz de los antecedentes recogidos, la misión celebra la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura así como la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que llama a adecuar la tipificación del crimen de tortura a lo dispuesto en las convenciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos[1].

Sin embargo, subsisten serias carencias y omisiones respecto gran parte de las preocupaciones señaladas por el Comité contra la Tortura.

Son de destacar las siguientes:

1. La falta de operatividad efectiva del MNPT debido a la omisión de asignación de recursos financieros apropiados y suficientes en el presupuesto nacional;

2. El excesivo retraso en la presentación de proyectos de ley para la adecuada armonización de la tipificación del delito de tortura de acuerdo con la sentencia citada de la Corte de Constitucionalidad y las recomendaciones del Comité contra la Tortura;

3. La falta de invitación al país del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, a la que se comprometió el Estado de Guatemala;

4. La inexistencia de un registro nacional de víctimas de la tortura;

5. El alto grado de hacinamiento en los centros de privación de libertad debido, entre otros factores, a la ausencia de medidas adecuadas indispensables para un tratamiento justo de los reclusos; la insuficiente utilización de medidas sustitutivas asociada con el uso de la prisión preventiva como principal recurso y no el último como debería ser, para garantizar el respeto efectivo de los derechos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, como lo disponen los estándares internacionales, entre los cuales los previstos en las Reglas de Tokio;

6. La insuficiencia de medidas apropiadas, incluidas las de carácter financiero, para la adecuación de centros de privación de libertad y alternativos de menores, lo mismo que de los centros para mujeres, así como para fortalecer los recursos en materia de supervisión de dichos centros;

7. La carencia de recursos para la protección y el tratamiento apropiado de las personas recluidas con enfermedad mental, lo mismo que para la separación efectiva de personas internas y detenidas en el Hospital Nacional de Salud Mental;

8. La insuficiente investigación y la impunidad de los responsables de la tortura y malos tratos, especialmente durante detenciones efectuadas por agentes del orden público en la contención de la protesta social;

9. La persistencia de declaraciones de funcionarios públicos, incluso de alto nivel, susceptibles de desacreditar el desempeño de la autoridad judicial, las cuales pueden llegar a interferir negativamente afectando la independencia del organismo judicial;

10. La intervención del Ejército en actividades netamente policiales y de prevención del delito, ámbito de actuación propio de la Policía Nacional Civil (PNC); aunado a la ausencia de una política pública con miras a reforzar a la PNC dotándola de recursos humanos y financieros adecuados para terminar con la participación del Ejército en actividades relacionadas con la seguridad pública;

11. La falta de protección efectiva para los defensores de los derechos humanos, especialmente aquellos provinentes de sectores en riesgo de exclusión social y de pueblos indígenas, que ha sido consistentemente criticada por organizaciones nacionales e internacionales, y que el Comité denunció en su último informe de 2013, indicando que entre enero y octubre de 2012 se registraron 15 asesinatos de defensores;

12. La ausencia de una política pública con miras a reforzar a la PNC dotándola de recursos humanos y financieros adecuados para terminar con la participación del Ejército en actividades relacionadas con la seguridad pública.

La OMCT y UDEFEGUA instan a las autoridades a adoptar las medidas adecuadas en vistas a la implementación completa de las recomendaciones emitidas por parte del Comité contra la Tortura durante la última revisión periódica, teniendo en cuenta las deficiencias identificadas durante esta misión de seguimiento.

Esta misión de seguimiento se enmarca en los esfuerzos globales que realiza la OMCT para promocionar la implementación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura, con el apoyo financiero del Gobierno Federal de Alemania y Sigrid Rausing Trust. El contenido de este documento se encuentra bajo sola responsabilidad de la OMCT y en ningún caso debe ser interpretado como la opinión de las instituciones que apoyan.
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