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lunes, 23 de febrero de 2015

OMCT recibe denuncias de torturas a niños recluidos en #Uruguay

URUGUAY: El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño expresa profunda preocupación por la práctica de torturas y otros tratos inhumanos dirigidos hacia los niños privados de libertad en Uruguay.

Barcelona/ Mambí en A/ Dado en Ginebra - Montevideo, 10 de febrero de 2015- La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), conjuntamente con su organización miembro en Uruguay, el Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (IELSUR) y el Comité de los Derechos del Niño/a – Uruguay (CDNU), saludan las observaciones finales publicadas por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Las observaciones acogen las denuncias presentadas por la sociedad civil y confirman las recomendaciones previamente hechas por el Comité Contra la Tortura y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, en relación a la situación de los niños privados de libertad en el país.

El Comité, en sus observaciones, ha expresado seria preocupación por las condiciones en que los niños se encuentran privados de libertad en Uruguay, bien como el uso excesivo de la fuerza y alegaciones de torturas y malos tratos cometidos por policías y funcionarios de los centros de detención.

Entre otros ejemplos el Comité menciona el hecho de mantener a los adolescentes encerrados por 22 horas al día y uso de medicación como medio de controlarlos. Ambas denuncias ya habían sido presentadas en diversas oportunidades por la OMCT e IELSUR a los directores del SIRPA e INAU en el país.

“El presente documento de Observaciones y recomendaciones es presentado en una coyuntura especial en el país, pues desde el 1 de marzo asumirá un nuevo gobierno. En tal sentido las recomendaciones son un buen norte para avanzar en aquellos aspectos todavía deficientes en relación al respeto de los derechos del niño en el país. Queda mucho por avanzar en términos de institucionalidad, así como en derogar leyes profundamente regresivas aprobadas en el último período legislativo. Por otro lado es necesario hacer frente a las graves violaciones a los derechos humanos de los niños, los todavía cercanos episodios de tortura y malos tratos, nos indican que el país tiene una deuda pendiente en materia de investigación rápida, efectiva e imparcial así como medios idóneos de protección y reparación a las víctimas”, indica el integrante de IELSUR y coordinador del CDNU Luis Pedernera.

En su informe el Comité también expresa grave inquietud por el uso excesivo de la privación de libertad y por las varias reformas legislativas en materia de administración de justicia juvenil contrarias a los estándares internacionales.

Entre las principales recomendaciones al Estado de Uruguay, el Comité recomienda que se establezcan mecanismos de denuncias accesibles a los adolecentes privados de libertad y que se realicen investigaciones rápidas y eficaces sobre los casos de tortura y malos-tratos, que resulten en un proceso judicial contra los perpetradores.

“El propio gobierno de Uruguay reconoció ante el Comité que casi no hay condenas por tortura en el país. En un Estado con una legislación tan avanzada en la promoción y protección de ciertos derechos humanos es sorprendente que los adolescentes continúen viendo sus derechos violados sin que haya un cambio de actitud de las autoridades. Esperamos que el nuevo gobierno tome en cuenta los estándares internacionales y priorice las medidas no privativas de libertad. Uruguay no necesita más centros de detención, lo que necesita es dedicarse a acabar con la cultura de impunidad.” Señala Carolina Bárbara, coordinadora de las actividades de niñez en la OMCT.

La OMCT, IELSUR y el CDNU reconocen la apertura del gobierno de Uruguay en discutir la cuestión de la justicia juvenil y reconocen que en algunos aspectos, como el acceso a la educación, o la reforma de algunos centros hubo avances. Sin embargo, exhortamos al recién electo gobierno de Uruguay que priorice la protección de los adolecentes privados de libertad contra la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes y designe el presupuesto y la atención adecuada a las graves denuncias presentadas por los distintos órganos internacionales y nacionales, incluyendo la INDDHH y las organizaciones de la sociedad civil.
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