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miércoles, 10 de junio de 2015

Acción Urgente - Defensores en peligro tras violación de su privacidad #Venezuela

Barcelona/ Mambí en A/ Amnistía Internacional solicita Acción Urgente. Es posible que las autoridades venezolanas estén vigilando las comunicaciones privadas de dos defensores de los derechos humanos. Parece tratarse de un intento de restringir su capacidad de realizar libremente su labor legítima de derechos humanos. Los dos hombres, sus colegas y las personas a las que representan pueden correr peligro.

El 13 de mayo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hizo público los detalles de los preparativos de viaje de dos defensores de los derechos humanos: Rafael Uzcátegui, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), y Carlos Correa, de Espacio Público. La información se difundió en el programa televisivo semanal de Diosdado Cabello, "Con el Mazo Dando", en el que se cuestiona habitualmente la labor de quienes defienden los derechos humanos y se da información sobre su paradero. Los constantes ataques y campañas de difamación por parte del presidente de la Asamblea Nacional y otras autoridades de alto rango contribuyen a estigmatizar la labor de los defensores y defensoras y los pone en peligro, ya que podría incitar a los simpatizantes del gobierno, incluidos grupos armados progubernamentales, a intimidarlos mediante, entre otras prácticas, agresiones físicas contra ellos y sus familias.

Entre otros detalles, Diosdado Cabello anunció que Rafael Uzcátegui y Carlos Correa viajaban a Chile a reunirse con el ex coordinador de Provea. Según Rafael Uzcátegui y Carlos Correa, esta información sólo se había compartido en sus comunicaciones online privadas, lo que les hace temer que las autoridades las estén vigilando. Sus comunicaciones con víctimas de violaciones de derechos humanos también podrían haber sido interceptadas, lo que podría poner en peligro el derecho de estas víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Los dos defensores han presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público, pero aún no han recibido respuesta de las autoridades.

A finales de marzo, Rafael Uzcátegui y Carlos Correa formaron parte de un grupo de 12 defensores de los derechos humanos que fueron acosados e intimidados en el aeropuerto de Caracas, la capital, cuando regresaban de participar en unas audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Unos días antes, el presidente de la Asamblea Nacional había dado en su programa de televisión los nombres de los defensores de los derechos humanos que habían comparecido ante la Comisión Interamericana, y había difundido públicamente los datos de su vuelo de regreso.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

­- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de Rafael Uzcátegui y Carlos Correa, que afirman que las autoridades están vigilando sus comunicaciones;
­- instándolas a poner fin a los ataques y las campañas de difamación por parte de las autoridades del más alto nivel y a reconocer explícitamente la legitimidad de la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, lo cual incluye hacer declaraciones públicas en las que reconozcan la contribución de los defensores a la promoción de los derechos humanos;
­- recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE JULIO DE 2015 A:

Vicepresidente
Sr. Jorge Arreaza
Vicepresidencia de la Republica
Av. Urdaneta, Esquina de Carmelitas, Caracas, Venezuela
Correo-e: vía el sitio web http://www.vicepresidencia.gob.ve
Twitter: @jaarreaza
Tratamiento: Señor
Vicepresidente

Fiscal General de la República
Dra. Luisa Ortega Díaz
Edificio Sede Principal del Ministerio Público, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México Caracas, Venezuela
Correo-e: ministeriopublico@mp.gob.ve
Fax: +58 212 578 3239
Tratamiento: Dra. Fiscal

Y copias a:

Defensor del Pueblo
Tarek William Saab
Defensor del Pueblo
Av. Urdaneta - Frente a El Universal
Centro Financiero Latino, Piso 27
Caracas, Venezuela
Fax: +58 212 5077025
Correo-e: contacto@defensoria.gob.ve

Envíen también copias a la representación diplomática de Venezuela acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este último incidente no es un hecho aislado. Pese al compromiso formulado en noviembre de 2014 por las autoridades venezolanas ante el Comité contra la Tortura respecto a respetar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo un creciente número de informes de acoso contra estas personas. Resultan especialmente preocupantes las declaraciones públicas realizadas por autoridades de alto rango contra defensores de los derechos humanos, especialmente cuando estos defensores denuncian violaciones de derechos humanos, ya sea en el ámbito local o ante órganos internacionales y regionales de derechos humanos.

Los 12 defensores de los derechos humanos que sufrieron intimidación y acoso en el aeropuerto de Caracas a finales de marzo, a su regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informaron de que al menos cinco hombres no identificados los habían vigilado, seguido, fotografiado y filmado con teléfonos celulares. Estos incidentes tuvieron lugar durante la llegada de los defensores al aeropuerto al salir del avión, mientras se dirigían a los puestos de control de inmigración, mientras presentaban sus documentos a los funcionarios de inmigración, mientras recogían su equipaje y pasaban por aduana, y cuando salían del aeropuerto. Los hombres no identificados, que circulaban libremente por zonas de control de inmigración no abiertas al público, acosaron abiertamente al grupo de defensores de los derechos humanos.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos han expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que, en una sociedad tan polarizada como la de Venezuela, los constantes ataques y campañas de difamación por parte de las autoridades del más alto nivel podrían incitar a los simpatizantes del gobierno, incluidos grupos armados progubernamentales, a intimidarlos por medios como, por ejemplo, la agresión física contra ellos y sus familias. El proporcionar datos específicos sobre la ubicación de defensores de los derechos humanos pone a estos en un peligro adicional.

Amnistía Internacional ha recibido asimismo noticias de que un abogado que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos ha sido informado de que el Servicio de Inteligencia Nacional ha pedido permiso para interceptar sus comunicaciones, incluidas las que mantiene con sus clientes. El Servicio de Inteligencia Nacional es la misma institución a la que se acusa de cometer algunas de las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas a las que representa. Esto mina seriamente el derecho a un juicio justo de los detenidos y de quienes se enfrentan a cargos, en especial su derecho a la defensa legal y a las comunicaciones y consultas confidenciales con sus representantes legales, y puede poner también en peligro el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a acceder a la justicia.

Las acciones de los defensores y defensoras de los derechos humanos, los abogados que representan a víctimas y familiares, y las propias víctimas, para reclamar derechos son fundamentales, legítimas y necesarias para avanzar hacia la consecución de justicia y derechos para todas las personas. Quienes ejercen el derecho a defender los derechos humanos son quienes, con sus acciones, sacan a la luz abusos y violaciones de derechos humanos, documentan su gravedad, apoyan a las víctimas, los supervivientes y sus familias y, junto con ellos, buscan justicia, verdad, memoria, resarcimiento, prevención y garantías de no repetición. Los Estados tienen la responsabilidad principal de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos, entre ellos el derecho a defenderlos. Para tal fin, es necesario tomar medidas adecuadas destinadas a proteger a los defensores y defensoras y a garantizar que los autores de los ataques contra ellos comparecen ante la justicia.
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