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viernes, 18 de marzo de 2016

Organizaciones de #DDHH envían una carta abierta conjunta al Presidente Enrique Peña Nieto #México

17 de marzo de 2016

Re: Preocupación frente a la campaña de desprestigio y difamación contra integrantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas de violaciones de derechos humanos en México
Excmo. Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

De manera muy atenta, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda preocupación frente a la campaña de desprestigio que están viviendo integrantes de organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en México. Paralelamente, queremos manifestar nuestra inquietud aguda respecto a los actos de difamación y criminalización contra las víctimas de tortura y en particular las del caso conocido como los “4 civiles de Rosarito”[1].

En relación con las víctimas del mencionado caso, el 8 de marzo de 2016, el Sr. Héctor de Mauleón, en una columna del periódico El Universal, con el título “Secuestró, huyó y lo indemnizaron”, pone en duda su condición de víctimas y critica que se les haya indemnizado, reiterando su supuesta participación en múltiples homicidios, desapariciones, decapitaciones y secuestros[2]. Este hecho no constituye un caso aislado, ya que tenemos constancia de otros episodios de descalificación, particularmente en los meses posteriores a la decisión del Comité contra la Tortura[3].

El pasado 4 de marzo, en la estación 104.1 FM de Radio Fórmula, en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, la Sra. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, aludió al caso “4 civiles de Rosarito” para denunciar un “modus operandi” en virtud del cual, las organizaciones de derechos humanos defenderían a presuntos secuestradores, ya sentenciados, para ganar pleitos y pedir indemnizaciones cuantiosas[4]. La acusación, en particular, se dirigía al Sr. José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), quien trabajaría en una “red de corrupción que se sirve de la tortura para hacer dinero”, junto con otras organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el apoyo del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, el Sr. Juan E. Méndez. En la misma dirección, se han publicado otros artículos recientemente en los que directivos y ex–directivos de la CMDPDH son calificados como “mercenarios de los derechos humanos” o “defensores de delincuentes”[5].

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra solidaridad y respeto máximo hacia el trabajo del Sr. José Antonio Guevara, la CMDPDH, CEJIL y secundamos el pronunciamiento público que divulgó la CMDPDH, esclareciendo los señalamientos e informaciones difundidas en el citado programa de radio.

Tememos que la reiteración de declaraciones públicas tendientes a desprestigiar a las víctimas y al movimiento de derechos humanos, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y mecanismos internacionales, forme parte de una campaña de descrédito y criminalización en contra de estas, con el fin de deslegitimar su labor en defensa de los derechos humanos y poner en duda estándares internacionales de rango imperativo, como la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Estas declaraciones tienen lugar en un contexto preocupante, por un lado, por la inacción gubernamental frente a dichos pronunciamientos y, por el otro, por la descalificación del trabajo de organismos internacionales de derechos humanos que llevan a cabo las autoridades mexicanas.

El 2 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe "Situación de derechos humanos en México" resultado de su visita in loco en septiembre/octubre del 2015. El informe confirma la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, con particular énfasis en las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. En un comunicado firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno mexicano desacreditó tanto la metodología, como el diagnóstico del informe.

En el transcurso de la misma semana, el 29 de febrero de este año, el Sr. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, cuestionó la rigurosidad y la objetividad del trabajo de los mecanismos de la ONU en la apertura del 31º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Cabe precisar que, en el año 2015, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura publicaron informes en los cuales se urgía a las autoridades mexicanas a tomar un amplio abanico de medidas para hacer frente a la grave situación de derechos humanos que enfrenta el país.

Igualmente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH con el fin proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero), ha sido el blanco de una ola de descalificaciones y señalamientos contra sus integrantes a medida que avanza el esclarecimiento de los hechos.

Señor Presidente, queremos recordar que en 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) fue notificada de casi 6 casos diarios de personas procesadas únicamente a nivel federal que denunciaban actos de tortura[6]. En el informe publicado recientemente por la CIDH se afirma que “la práctica de la tortura es alarmante en México”, destacando que “el Estado mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal”. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió entre 2006 y 2015 más de 9.200 quejas por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A las organizaciones firmantes nos preocupa profundamente lo que parece un patrón de descalificación por parte de las autoridades, de cualquier informe o pronunciamiento emanante de mecanismos internacionales que identifique la comisión de graves violaciones de derechos humanos en el país. Estas reacciones crean un terreno fértil para el señalamiento y estigmatización de víctimas y personas defensoras de derechos humanos por parte de actores privados.

En este marco, instamos al Gobierno de México:

- A tomar las medidas adecuadas para enfrentar la grave crisis de derechos humanos actual, observando e implementando las decisiones y recomendaciones de organismos expertos internacionales, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano en virtud de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. En el mismo contexto, sería altamente recomendable que, en el transcurso de este año, los Relatores Especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, recibieran el visto bueno del Gobierno para realizar las visitas oficiales solicitadas;

- A garantizar, en particular en el caso de los ”4 civiles de Rosarito”, el pleno reconocimiento y legitimidad de las víctimas y tome las medidas necesarias para protegerlas de todo ataque o señalamiento que ponga en duda su inocencia y las exponga a la revictimización. Estas acciones se enmarcan en el deber que tienen las autoridades mexicanas de implementar cabalmente las medidas de reparación establecidas por el Comité contra la Tortura, entre las cuales se dictaminó la plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada y la rehabilitación de las víctimas;

- A reconocer públicamente la legitimidad y el valor de la labor que realizan la CMDPDH y en general las organizaciones de derechos humanos en favor de los derechos de las víctimas, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución. Sr. Presidente, las organizaciones que suscriben esta carta confiamos en su firme compromiso con los derechos humanos e instamos a su Gobierno a condenar de forma pública los actos de desacreditación y difamación descritos en este comunicado y cualquier otro acto que señale a las víctimas y a las personas defensoras de derechos humanos en México.

Estimado Sr. Presidente, agradeciéndole su atención a la presente, nos suscribimos de usted muy respetuosamente,

Las organizaciones que suscribimos la carta:

Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights)
Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)


A la atención de:


Excmo. Sr. Presidente Enrique Peña Nieto
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán,
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF.
Fax: (+52) 55 5093 4901
E-mail: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

Con copia a:

Lic. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores de México
Plaza Juárez 20, Piso 22.
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
Teléfono: (+52) 55 3686 5100 Fax: (+52) 55 9159 6028


Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. Piso.
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
Teléfono: (+52) 55 5093 3400, Fax (+52) 55 5093 3414
E-mail: secretario@segob.gob.mx


Mtra. Arely Gómez González, Procuradora General de la República
Av. Paseo de la Reforma 211-213, Piso 16.
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
Teléfono: (+52) 55 53 46 01 08, Fax: (+52) 55 53 46 09 08
E-mail: arely.gomez@pgr.gob.mx


[1] El 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Orlando Santaolaya y Ramiro López fueron detenidos sin orden de aprehensión en Playas de Rosarito, estado de Baja California. Durante la aprehensión, el traslado y el arraigo en las instalaciones militares del 28º Batallón de Infantería, ubicadas en la ciudad de Tijuana, fueron sometidos repetidas veces a actos de tortura y malos tratos, incluyendo golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte con el fin de forzarlos a autoinculparse de los delitos de secuestro y posesión de armas. La CMDPDH, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la OMCT presentaron el caso ante el Comité contra la Tortura en 2012. El 4 de agosto de 2015, durante su 55º período de sesiones, el Comité contra la Tortura concluyó que el Estado mexicano había vulnerado los artículos 1º, 2º, 12, 13, 14, 15 y 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradante, y dictaminó que las víctimas debían ser liberadas y reparadas por los actos de tortura a los que fueron sujetos. La tortura y los malos tratos infligidos tuvieron como objetivo la extracción de declaraciones autoinculpatorias que posteriormente fueron usadas para sostener su culpabilidad y la privación de libertad en espera de juicio durante más de 6 años.

[2] Hemos sido informados de que el Sr. de Mauleón rectificó su posicionamiento en un artículo titulado “Sólo es posible saber que la tortura existió” de fecha 15 de marzo de 2016: http://goo.gl/WR5LuM.

[3] Ver, por ejemplo, noticias difundidas por TV Azteca Puebla el 10 de marzo de 2016: https://youtu.be/0PHs29DslTs; grabación radiofónica del Grupo Acir el 12 de marzo de 2016: https://goo.gl/jLq7X8.

[4] Al mismo tiempo, desde la cuenta twitter de la Sra. Wallace, circularon unas infografías estableciendo conexiones entre personas y organizaciones en un supuesto complot para apoyar a delincuentes. Entre las personas señaladas, figuran reconocidos defensores de derechos humanos en México, entre ellos Marieclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Alejandra Nuño, Sergio Méndez Silva y Miguel Sarre.

[5] El 9 de marzo, El Universal publicó una columna del Sr. Héctor de Mauleón, titulada “Mercenarios de los derechos humanos”, en la cual se reiteran las supuestas pretensiones económicas de la CMDPDH, citando el caso Rosendo Radilla Pacheco y la emblemática sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el defensor torturado y desaparecido durante la “Guerra Sucia”.

[6] Comparecencia del Procurador Jesús Murillo Karam ante la Cámara de Diputados, 24 de septiembre de 2014; ver aquí, a partir del minuto 7:40
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