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sábado, 15 de julio de 2017

Regulado por interés público #Cuba en #dictaduracomunista

Por José Alberto Álvarez Bravo.

Dentro del marco de lo que suele llamársele “reformas raulistas” fue derogado el ominoso Permiso de Salida, conocido popularmente como “la tarjeta blanca”, mecanismo que limitaba legalmente el movimiento de los cubanos hacia el exterior. La disidencia no podía viajar por la existencia de este engendro jurídico.

Al principio de estos cambios, la sociedad civil independiente comenzó a llevar su mensaje a diversos escenarios internacionales; en consecuencia, la dinastía Castro vio incrementarse su depauperación moral ante la comunidad mundial.

Necesitado de mantener la restricción de viajes a sus críticos, el aparato represivo comenzó a implementar una variante equivalente a la tarjeta blanca, aunque a la inversa: antes era necesaria una autorización para viajar, ahora te extienden una prohibición de salida.

Es conocido lo ocurrido a un grupo de actores pro democracia cuando intentaron viajar a México el pasado mes de junio, invitados por el Fundación Konrad Adenauer al evento Caminos a la democracia en Cuba IV; a varios se le aplicó una “restricción de salida por interés de la seguridad nacional”, a otros se nos denegó la visa, en aparente contubernio entre los Castro y Peña Nieto.

Mi situación personal: hoy 14 de julio 2017 me presenté en Inmigración y Extranjería para prorrogar mi pasaporte, previa presentación de mi carné de identidad y un sello de timbre de 20.00 CUC. Después de esperar tres horas para ser atendido, el funcionario me dijo escuetamente: “está regulado por interés público”.

La consecuencia menos grave de esta arbitrariedad es que el estado castrista me haya robado mis 20.00 CUC, ni siquiera que me estén violando lo establecido por el Articulo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que he sido confinado al interior de Cuba y ni siquiera podré visitar a mis familiares residentes en Estados Unidos o participar en cualquier evento al que podría ser invitado.

Esta represalia contra mis derechos fundamentales es consecuencia de mi labor en el espacio de encuentro plural de la nación cubana Ágora de Cuba, donde ya miles de ciudadanos estamos ejerciendo nuestros derechos ciudadanos sin esperar el consentimiento de la dictadura, consentimiento que nunca pediríamos y que tampoco obtendríamos jamás.

Esta no es la primera represalia de que soy objeto, pues en 2014 me privaron arbitrariamente del servicio de telefonía móvil, robándome más de 200.00 CUC, y luego trataron de organizarme, en dos ocasiones, sendos “accidentes” automovilísticos como ocurriera a Laura Poyan el 4 de enero de 2010 y a Oswaldo Paya en 2012. También sobrevivimos, en 2015, a un intento de envenenamiento por el mismo sistema empleado contra los integrantes de la agencia de prensa independiente Hablemos Press.

Como es bien sabido, el régimen cuenta con un amplio arsenal de subterfugios legales para reprimir el disenso, donde la “usurpación de funciones legales” se nos puede aplicar por solo una simple valoración. Desacato, desobediencia, peligrosidad predelictiva, etc, enriquecen el caudal represivo de quienes si son verdaderos delincuentes amparados en la impunidad del poder.

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