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sábado, 26 de agosto de 2017

Fiscal Luisa Ortega entrega expediente que involucra a Zapatero y Bono en corrupción con #Venezuela #España

Barcelona/ Mambí en A/ Luisa Ortega, la Fiscal General de Venezuela ilegalmente destituida por la dictadura comunista, entrega un informe a la CIA e Interpol en el que se investiga un presunto caso de corrupción en una venta autorizada por el exministro de Defensa de España, José Bono.

El título del expediente es el siguiente: "caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada en España, Evert García Plaza, Alto mando militar".

En el año 2005 el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero suscribió un acuerdo con el Gobierno de Venezuela -entonces presidido por Hugo Chávez- para la venta de cuatro barcos para la Armada de ese país. Entonces el ministro de Defensa de España, y por tanto, máximo responsable de la venta de material militar a otros países, era José Bono, que ocupó esa cartera durante la presidencia de Zapatero entre los años 2004 y 2006.

El acuerdo firmado incluía la construcción de cuatro BVL -Buques de Vigilancia Litoral- con un coste total de 508,68 millones de euros; y de cuatro POVZEE -Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva-, con un precio de 698,71 millones de euros. El coste total de la operación ascendía a 1.207,39 millones de euros. Un precio cerrado, según los acuerdos, pero en los papeles varió sensiblemente: el Gobierno de Venezuela abonó 1.246 millones de euros en la operación. Es decir, 38.600.000 euros de más.

Según la investigación de la Fiscal Luisa Ortega, el hallazgo es gracias a la sorprendente aparición en esta millonaria operación de una empresa de intermediación: Rabazven Holding, que se embolsó el 3,5% del total del dinero del contrato. Las dudas legales están perfectamente fundadas ya que a la Fiscalía venezolana le parecía sospechosa esta intermediación, tratándose de un contrato que, según la declaración oficial del Gobierno de Zapatero, había sido conseguido a nivel totalmente gubernamental porque la naviera adjudicataria, Navantia, es una empresa 100% pública, y las negociaciones fueron llevadas a cabo por el propio Bono, ministro de Defensa.

El contrato se firmó por todo lo alto en Caracas y hasta allí se trasladó Bono junto al entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén.

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