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martes, 31 de octubre de 2017

Ofelia Acevedo, viuda de Oswaldo Payá, impedida de entrar a su país #Cuba

Barcelona/ Mambí en A/ En la mañana del miércoles 26 de octubre de 2017, Ofelia Acevedo, ciudadana cubana, viuda de Oswaldo Payá, líder opositor Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia otorgado por el Parlamento Europeo, fue forzada por el servicio de emigración cubano a abordar un avión rumbo a Miami luego de que se le comunicara que tenía prohibido entrar a su país, Cuba.

Ofelia regresaba a La Habana por primera vez después del atentado que terminó con la vida de su esposo en el año 2012, la acompañaba su hija Rosa María Payá, quien reside en la Isla.

“Regreso a visitar la tumba de mi esposo asesinado por el régimen, y a demandar legalmente el informe que el gobierno cubano nos ha negado arbitrariamente durante más de 5 años”, expresó Ofelia Acevedo antes de partir a La Habana.

Al aterrizar en La Habana los servicios de emigración informaron a la madre y a la hija que solo Rosa María podía entrar al país, por ser residente en la Isla, pero que el Estado Cubano le prohibía la entrada a la ciudadana cubana Ofelia Acevedo.

“Dijimos que no nos moveríamos hasta no nos dijeran por qué estaban violando el derecho de mi madre a regresar a su propio país, pero el oficial de emigración Hernández Báez dijo desconocer la razón. Estuvimos desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde sentadas en el salón de emigración rodeadas por agentes de la Seguridad del Estado, demandando una explicación, hasta que mi madre fue forzada a abordar un vuelo a Miami”, explicó a la prensa Rosa María, quien se quedó en Cuba.

Las leyes cubanas despojan de la condición de residente en Cuba, y de todos sus derechos ciudadanos, a cualquier ciudadano cubano que pase más de dos años consecutivos fuera del país. Los cubanos no residentes en Cuba requieren de una habilitación especial en su pasaporte cubano para ingresar a la Isla, habilitación que fue otorgada a Ofelia Acevedo por el consulado cubano en Washington en Agosto de 2017.

Dos días después de prohibirle la entrada a Ofelia Acevedo, el gobierno cubano hizo públicas una serie de medidas entre las que se encuentra la eliminación del requisito de la habilitación del pasaporte para los ciudadanos cubanos no residentes en Cuba, las que entrarán en vigor en el próximo enero 2018.

Sin embargo, “las nuevas medidas no impiden al gobierno cubano continuar decidiendo quien entra o sale del territorio nacional, pues la obtención del pasaporte sigue estando condicionada a la voluntad del Estado, los cubanos emigrados continúan desprovistos de residencia y de derechos ciudadanos en Cuba, y los servicios de emigración en frontera continúan habilitados para negar la entrada a cualquier cubano no residente en Cuba, o la salida a cualquier cubano residente en Cuba según la voluntad del Estado”, aclaró Rosa María Payá.

En los últimos seis meses decenas de miembros de la sociedad civil cubana han sido informados en el aeropuerto por los servicios de emigración que tienen prohibido salir del país.










Fotos: automóvil donde viajaba Oswaldo Payá en el momento en que fue embestido por coches de la Seguridad del Estado del régimen dictatorial de la dinastía Castro.

Oswaldo Payá perdió la vida en un atentado acontecido en Cuba el 22 de Julio de 2012, según el informe jurídico de la organizaciónHuman Rights Foundation1: “La información que fue revelada en los meses posteriores al hecho […] sugiere la responsabilidad directa del régimen cubano en la muerte de Payá y Cepero. Específicamente, la evidencia excluida de manera deliberada (por las autoridades cubanas) apunta a que los hechos ocurridos el 22 de julio de 2012 [fueron] el resultado de un hecho automovilístico provocado deliberadamente por agentes del Estado (cubano)”. Hasta el día de hoy las autoridades cubanas niegan a la familia Payá y sus abogados todo acceso a información pericial y al informe de autopsia del cuerpo de Oswaldo Payá.

lunes, 30 de octubre de 2017

Farsa electoral castrista explicada por Estado de SATS #Cuba en #dictaduracomunista

Tiranía vuelve a asaltar hogar de Belkis Cantillo #Cuba en #dictaduracomunista

Presidio político en #Cuba durante #dictaduracomunista de la dinastía Castro #torturas



Barcelona/ Mambí en A/ El presidio político en Cuba durante la dictadura comunista de la dinastía Castro, torturas, campos de trabajo forzado, crímenes, etc.

Ex-preso político denuncia que fue inyectado en contra de su voluntad en prisión con sustancia desconocida #Cuba

Acuchillado el prisionero político Alexis Sabatela Ugarte en Prisión Kilo 9 #Cuba

Parlamento Europeo otorga Premio Sajarov a oposición de #Venezuela

Primavera Digital 504 #Cuba en #dictaduracomunista

domingo, 15 de octubre de 2017

Magistrados venezolanos aseguran que TSJ instalado en la OEA garantizará el orden constitucional #Venezuela



Barcelona/ Mambí en A/ Los magistrados venezolanos designados por la Asamblea Nacional, Elenis Rodríguez y Luis Marcano, ofrecieron una entrevista este viernes al programa La Tarde de NTN24, a propósito de la instalación del Tribunal Supremo de Justicia en la OEA, conformado por el Parlamento y que funcionará desde Washington.

Lo que hice fue expresar el dolor y la indignación de millones de colombianos: Rodríguez #Colombia



Barcelona/ Mambí en A/ Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, habló en La Tarde de NTN24 sobre la tensión que generó la presencia del exguerrillero de las FARC Jesús Santrich en una plenaria de la Cámara de Representantes. Congresistas del Centro Democrático se retiraron del lugar y le gritaron “asesino”.

"Vamos a garantizar el retorno de la ley en #Venezuela”: Miguel Ángel Martín



Barcelona/ Mambí en A/ El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de #Venezuela constituido en Washington, Miguel Ángel Martín, expresó que dicho organismo es “legítimo” debido a que cuenta con el respaldo de la Asamblea Nacional y del pueblo de Venezuela.

sábado, 14 de octubre de 2017

Preso político Vasco da Costa recién liberado denuncia #torturas sistemáticas en cárceles de #Venezuela



Barcelona/ Mambí en A/ Los presos políticos liberados por el régimen de Nicolás Maduro, Vasco Da Costa y José Luis Santamaría, denunciaron este miércoles a NTN24 los horrores que vivieron durante los tres años de detención en diferentes cárceles de Venezuela. Denuncian torturas sistemáticas.

Damas de Blanco detenidas el 08.10.2017 en la vía pública por manifestar ideas políticas #Cuba



Barcelona/ Mambí en A/ Damas de blanco fueron detenidas por la policía política de la dinastía Castro cuando se manifestaban el domingo 08.10.2017 en la vía pública, mientras expresaban su desacuerdo con el régimen dictatorial de la dinastía Castro.

Luego de ser arrestadas, agentes de la policía política uniformados recogieron en bolsas de plástico los volantes que quedaban en el suelo con la clara intención de evitar que el pueblo pueda leerlos.

viernes, 13 de octubre de 2017

Declaración del Presidente de Odebrecht - #Venezuela sobre pagos irregulares a Nicolás Maduro

Barcelona/ Mambí en A/ La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, hizo público un vídeo en que el Presidente de Odebrecht - Venezuela afirma que efectuó pagos irregulares a Nicolás Maduro.

Acogiéndose al principio de delación, el presidente de la Constructora Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Acevedo, explica en esta declaración a la Procuraduría General de Brasil, los aportes monetarios que realizó a la campaña de Nicolás Maduro Moros, a cambio de privilegios en los pagos de contratos que ya había suscrito con el gobierno venezolano.

Primavera Digital 502 #Cuba en #dictaduracomunista #Catalunya


Foto: Sucedió el 01.10.2017 en Cataluña. Una abuela catalana es llevada en volandas por varios policías de España solo por querer expresar su deseo de independencia en una urna. A la izquierda: una Dama de Blanco es llevada en volandas por varios policías por expresar su deseo de libertad. Dos países, una misma imagen, y una misma causa. 

Barcelona/ Mambí en A/ Extraigo lo publicado por la redacción de Primavera Digital con motivo de la efeméride del 10 de Octubre, porque me pareció excelente, y que tiene que ver con el "derecho de autodeterminación de los pueblos", algo que no señala directamente pero que lleva implícito, y que toca no solo a Cuba en nuestros tiempos, sino también, y por ejemplo, a Cataluña, dos naciones muy alejadas no solo en la distancia física, sino también en lo político, económico y social, pero que se encuentran afectadas desde hace siglos por el mismo régimen monárquico, España.

La más digna efeméride de octubre - Por la redacción de Primavera Digital

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes acompañado de los principales gestores de aquel movimiento, ordenó el redoble de la campana del ingenio para reunir a los poblanos y a los esclavos en el batey. Allí enarboló la bandera de La Demajagua y después de una encendida arenga, leyó un manifiesto dirigido a todos los cubanos y al resto del mundo en que expuso las causas del pronunciamiento.

Entre estas, se contaron un despotismo de los gobernantes españoles, muy semejante al que sufre Cuba en la actualidad.

Como hoy en día, existió un abusivo y constante aumento de impuestos fiscales, acentuadas desigualdades sociales y la privación de todo tipo de derechos y libertades al pueblo.

La única tragedia de aquellos días, ausente en nuestro momento, es la felizmente abolida esclavitud.

La Demajagua fue el lugar donde por vez primera se declaró la independencia de Cuba, se leyeron las bases doctrinales de los patriotas independentistas, se dio la libertad a los esclavos, se formó el primer ejército cubano y se lanzó el grito de “Independencia o Muerte”.

Se luchó por la independencia de Cuba, por el establecimiento de un gobierno republicano y democrático, electo por sufragio universal y directo, no hubo unipartidismo y se abolió la esclavitud. Se dio la libertad a los esclavos y se les invitó a unirse al Ejército Libertador para conquistar la independencia de Cuba. La mayoría de aquellos hombres se unieron y no hubo recriminación alguna para los que se fueron, no se obligó a nadie. Todos fueron libres para hacerlo o no.

El gobierno español, en su momento, se enfrascó en aventuras bélicas con el objetivo de reconquistar territorios latinoamericanos, y para ello hizo que el costo, recayera, en gran medida, sobre el pueblo de Cuba. El régimen militar castrista reeditó aquella pesadilla. La historia se repitió. Al igual que en aquellos tiempos idos, el régimen militar castrista se consagró a la subversión y desestabilización de los gobiernos latinoamericanos o a enviar tropas a África y echó sobre el pueblo cubano el costo de aquellas empresas.

La corona española usó el presupuesto de la Isla en asuntos de su interés, completamente ajenos a las necesidades de los cubanos. Fue este uno de los males creados por la dominación española que el régimen militar totalitario castrista reeditó y repitió cuando se afirmó en la subversión, la desestabilización de gobiernos y las aventuras militares en África.

España no permitió a los cubanos ocupar cargos públicos y negó a los cubanos el derecho de reunión como no fuera bajo la supervisión de jefes militares. España ilegalizó la formación de partidos políticos. Así hace en la actualidad el régimen castrista, que con sus exclusiones, reedita las peores pesadillas de la época colonial.

La efeméride más digna de octubre pone sobre el tapete que si aquella noche oscura de la colonia tuvo su amanecer, la actual noche oscura totalitaria también lo tendrá. Será en la forma en que esto sea posible. Así como los voluntarios de entonces no consiguieron impedir un 20 de mayo de 1902, los adiposos entorchados de Gaesa, los represores asalariados del nominado Ministerio del Interior, sus delatores y sus marginales de servicio, no conseguirán impedir que el día feliz que vendrá, el pueblo y la nación cubana se yergan libres y felices.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

jueves, 12 de octubre de 2017

Informe de HRW acusa a #España del uso excesivo de la fuerza contra #Catalunya



HRW indica que es imprescindible abrir una investigación independiente sobre la violencia durante el referéndum del 1 de Octubre en Catalunya

La policía española usó de manera excesiva la fuerza contra manifestantes en Cataluña durante un controvertido referéndum, utilizando porras para golpear a personas que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas, dijo hoy Human Rights Watch. Human Rights Watch recibió muchas acusaciones de un uso injustificado de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre de 2017 y llevó a cabo investigaciones in situ después de la votación para documentar incidentes específicos.
Human Rights Watch habló con víctimas y testigos y revisó pruebas fotográficas y médicas, así como imágenes de vídeo de la ciudad de Girona y dos municipios de las provincias de Girona y Barcelona. Human Rights Watch encontró que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía hicieron en ocasiones un uso excesivo de la fuerza en los tres lugares el 1 de octubre, conforme trataban de ejecutar órdenes judiciales para impedir la votación.
“Nuestra detallada investigación de tres casos encontró que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil utilizaron la fuerza de manera excesiva el 1 de octubre en Cataluña”, dijo Kartik Raj, investigador de Europa Occidental de Human Rights Watch: “Puede que la policía tuviera a la ley de su parte para ejecutar una orden judicial, pero eso no le daba derecho para usar la violencia contra manifestantes pacíficos”.
A pesar de ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España, el referéndum de Cataluña se celebró el 1 de octubre. En toda la región, las dos fuerzas policiales enviadas por el gobierno central, junto con los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, trataron de ejecutar una orden judicial para impedir la celebración del referéndum, pero que también les obligaba a garantizar “la convivencia constitucional”. Se enfrentaron en gran medida a manifestantes pacíficos, aunque hubo incidentes en los que algunos respondieron a las fuerzas nacionales con violencia.
Cientos de manifestantes resultaron heridos, algunos de gravedad. El 2 de octubre el Departamento de Salud de Cataluña estimó que 893 personas habían reportado lesiones a las autoridades. El Ministerio del Interior de España dijo el 1 de octubre que 19 policías nacionales y 14 guardias civiles habían requerido atención médica inmediata y que fueron “innumerables los agentes” que habían sido heridos.
Tras el referéndum, Human Rights Watch documentó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos por parte de la Guardia Civil o la policía nacional en una escuela primaria de Girona que estaba siendo usada como centro de votación, y en los municipios de Aiguaviva (provincia de Girona) y Fonollosa (provincia de Barcelona). Human Rights Watch recibió otras denuncias y presuntas pruebas de malos tratos policiales, que no ha podido verificar o examinar en detalle, además de varios casos de agresiones contra agentes de policía por parte de algunos manifestantes.

Las imágenes y fotos publicadas por los medios de comunicación y las que aparecieron colgadas en las redes sociales y que fueron revisadas por Human Rights Watch parecen mostrar muchos otros casos de uso manifiestamente desproporcionado de la fuerza contra personas reunidas pacíficamente en los centros electorales y alrededor de los mismos, expresando su opinión política y, en algunos casos, recurriendo a la resistencia pasiva para obstruir a la policía.
El gobierno español ha insistido en que los agentes del orden actuaron “prudente, apropiada y proporcionadamente, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todos los ciudadanos”, y añadió que las actuaciones policiales “no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas”. Sin embargo, el 6 de octubre, el delegado del Gobierno en Cataluña expresó pesar y pidió disculpas por las cargas policiales durante una entrevista televisada.
El Gobierno español tiene la obligación de garantizar una investigación efectiva sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza, incluidos los graves incidentes documentados por Human Rights Watch. Dada la tensión actual entre las autoridades centrales y regionales y las preguntas complejas de jurisdicción, España debería considerar solicitar la asistencia de un organismo internacional independiente, dijo Human Rights Watch. Hasta el 8 de octubre, 23 juzgados de Cataluña estaban examinando denuncias por mala conducta policial, uno de los cuales investigaba denuncias presentadas por 36 personas en relación a 17 lugares en Barcelona.
En Girona (población 98.255), Human Rights Watch entrevistó a 37 personas que habían sufrido o sido testigos de la violencia policial, 15 de las cuales mostraron evidencias de lesiones que dijeron, fueron provocadas por los malos tratos de la policía. Testigos en el centro de votación del Collegi Verd en la calle Joan Maragall dijeron a Human Rights Watch que poco después de las 9 de la mañana del 1 de octubre, la policía nacional utilizó porras y escudos para cargar repetidas veces contra un cordón humano unido por los brazos para evitar que entraran por la puerta del colegio, golpeando a los manifestantes en las cabezas, los brazos, las piernas y los torsos. La policía no avisó antes de cargar y disparó balas de salva al aire, asustando a los niños que estaban allí presentes. 
Las imágenes en video y pruebas revisadas por Human Rights Watch corroboran las declaraciones de los testigos de que una vez dentro del recinto escolar, agentes de la policía nacional golpearon a numerosas personas con porras, provocándoles moretones. Uno de los padres que denunció haber sido golpeado era un policía de los Mossos fuera de servicio, y otro herido era un bombero igualmente fuera de servicio.
También en Girona, en el centro de votación de Sant Narcís, Xevi Gil Rosdevall, un bombero uniformado de 47 años, dijo que una porra de la policía le rompió un brazo. Gil Rosdevall mostró un video sobre el incidente a Human Rights Watch que parecía confirmar que no presentaba ninguna amenaza a la policía.
En Aiguaviva (población 763), Human Rights Watch habló con varios residentes que experimentaron, presenciaron o filmaron casos de violencia policial el 1 de octubre. Aproximadamente a las 3:45 de la tarde, unos 50 policías nacionales entraron en el pueblo donde una multitud de entre 70 y 100 personas estaba reunida comiendo en la plaza del ayuntamiento donde había un colegio electoral.
Un residente, Jaume Mas, un ingeniero técnico de 52 años, dijo que le pidió repetidamente a la policía una copia de la orden judicial autorizando su entrada. Él dice que a modo de respuesta comenzaron a golpear a la muchedumbre con sus porras. Human Rights Watch vio videos y fotos mostrando a un agente de la policía nacional usando un spray irritante cerca de Mas y otros, cuando no presentaban ningún peligro inminente.
Un hombre de 38 años que por temor a represalias sólo quiso ser identificado como “Ramón” dijo a Human Rights Watch que fue golpeado por la policía el 1 de octubre mientras filmaba la incautación de urnas en Aiguaviva. Las imágenes muestran a un policía golpeando el brazo que sostiene la cámara dos veces. Las imágenes posteriores muestran cómo la policía saca a Ramón a empujones del ayuntamiento y cómo éste aterriza 4 o 5 metros más lejos en el empedrado de la plaza del pueblo. El incidente tuvo lugar después de que la policía hubiera retirado la urna y las papeletas de votación. Ramón dijo que le causaron contusiones e hinchazón en el torso derecho, cuello, pierna izquierda, mano izquierda y garganta, y mostró a Human Rights Watch su parte médico y algunas de sus lesiones.
En Fonollosa (población 1.401), Human Rights Watch entrevistó a seis residentes, entre ellos el alcalde. Tres de ellos dijeron encontrarse entre los heridos por la policía el 1 de octubre. Los vecinos dijeron que habían levantado pacas de paja decoradas con flores como una barrera simbólica en la mayor de las tres mesas electorales en la zona. Estos testigos describieron su sorpresa ante la llegada a la 1:30 de la tarde de lo que estimaron ser 70 agentes de policía encabezados por guardias civiles, entre ellos agentes de civil que incautaron las papeletas y las urnas.
Magdalena Clarena, de 70 años, dijo a Human Rights Watch que dos guardias civiles la levantaron y arrojaron al suelo después de que ella se negase a moverse de su silla, que estaba bloqueando el camino a la mesa de votación. Entonces sintió cómo alguien cayó sobre ella y le partía la muñeca con el peso. Las imágenes de video muestran a Clarena siendo arrojada al suelo y cómo Jordi Puig de Llivol, un técnico de un taller de servicio del automóvil de 31 años, es lanzado encima de ella.
Un mecánico de 42 años que pidió ser identificado sólo como “Francesc” denunció haber sido llevado por cuatro guardias, arrastrado a través de la plaza, arrojado al suelo y retenido a la fuerza, y recibir golpes y patadas en la cabeza, a pesar de no estar bloqueando su entrada a la sala. Human Rights Watch ha visto sus lesiones e imágenes grabadas desde múltiples ángulos, así como sus informes médicos que corroboran sus testimonios.
España es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que imponen obligaciones específicas con respecto al derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y el uso de la fuerza por las fuerzas del orden. España debe garantizar que las personas disfruten del derecho de reunión pacífica y puedan expresar libremente sus opiniones. Si bien el gobierno puede imponer ciertas restricciones a esos derechos, las medidas deben ser necesarias y proporcionadas para un objetivo legítimo. Incluso cuando las personas estén actuando ilegalmente, el Estado no puede privarlas de sus derechos ni hacer un uso excesivo de la fuerza.
Las normas de derechos humanos sobre el empleo de la fuerza exigen que la policía utilice alternativas a la fuerza siempre que sea posible. La ley española que regula la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, así como el código ético de éstos, incorporan normas de derechos humanos y son claros sobre cuándo se considera necesaria la fuerza, cuándo la policía debe actuar con moderación y cuándo actuar proporcionalmente a la amenaza, además de buscar minimizar daños y lesiones. A medida que continúan las tensiones políticas entre Cataluña y el Gobierno central, es esencial que cualquier futuro despliegue policial se adhiera estrictamente a estas normas. Las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben también hacer público a las autoridades españolas que cualquier fuerza utilizada por la policía tiene que cumplir con las leyes nacionales y europeas de derechos humanos.
“En estos momentos tan críticos es especialmente importante que las autoridades respeten los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y reunión y el Estado de derecho”, dijo Raj. “Las promesas de Madrid y Barcelona de cooperar plenamente con una investigación independiente sobre la violencia el 1 de octubre serían un paso importante hacia el restablecimiento de la confianza”.
Antecedentes
Después de que el Parlamento regional de Cataluña acordara el 6 de septiembre celebrar un referéndum sobre la independencia, el Gobierno central de España presentó una demanda legal urgente ante el Tribunal Constitucional, que dictaminó el 8 de septiembre que tal consulta era inconstitucional y no debería tener lugar.
El Fiscal General, con el acuerdo de sus homólogos regionales y municipales en Cataluña, instruyó a las fuerzas de policía estatales y regionales a cooperar, haciendo un servicio de policía judicial, para que no se celebrara la votación el 1 de octubre, pero exigió que la orden se ejecutara de una forma proporcionada que respetara el “marco de convivencia constitucional” de los ciudadanos. Se estima que unos 10.000 policías se encontraban en Cataluña el 1 de octubre.
Una enmienda del Código Penal en 2005 despenalizó la participación en un referéndum considerado ilegal por los tribunales nacionales, lo que entre 2003 y 2005 hubiera acarreado una posible pena de cárcel.
El Gobierno español tiene la obligación de garantizar que se lleve a cabo una investigación efectiva sobre las denuncias de un uso excesivo de la fuerza. Dada la actual tensión entre el gobierno central de Madrid y las autoridades catalanas y las complejas cuestiones de jurisdicción, la participación de un organismo internacional independiente de expertos como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos podría ser una forma eficaz de asegurar su credibilidad con todas las partes. Esta investigación se beneficiaría en gran medida de la cooperación de las instituciones mediadoras catalanas y españolas (Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo).
De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, España debería velar porque todos aquellos que tengan una denuncia creíble de que sus derechos han sido violados, en particular como consecuencia de presuntos abusos policiales, cuenten con un recurso efectivo disponible para que se puedan investigar, y si es posible remediar, las potenciales violaciones de derechos. Si los recursos internos son inadecuados o no son capaces de dar un resultado satisfactorio a las presuntas víctimas, las personas tienen derecho a acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que los actos de las autoridades españolas se investiguen y sean juzgados por su cumplimiento de los derechos humanos.
Testimonios selectos
Girona
Ricardo Frigola, un hombre de 70 años originario de México que fue empujado y tirado al suelo por la policía y que sufrió lesiones en su caja torácica, dijo: “Me recuperaré de las heridas. Sí, por supuesto. Pero no estoy seguro de que alguna vez me recupere de lo que me hicieron”.

Carsten Treuzettel, un ciudadano alemán de 46 años que vive en Girona desde hace 22 años y tiene un hijo que acude al Col·legi Verd, estaba de pie en el patio cuando un agente de la policía nacional lo golpeó con una porra. Treuzettel dijo: “Los primeros que pasaron por encima de la valla comenzaron inmediatamente a golpear a la gente. No había ningún tipo de aviso o advertencia. Estaba mal. Un policía se acercó a mí y yo di un paso a un lado para dejarlo pasar, pero él me golpeó con su porra en la parte posterior de las piernas. Quiso darme un segundo golpe en la cabeza, pero levanté el brazo izquierdo e impedí que me golpeara”.
Xevi Gil Rosdevall, un bombero de 47 años que se encontraba en un cercano centro de votación en Sant Narcís de uniforme para mediar entre los manifestantes y la policía, acabó con una fractura del metacarpiano y múltiples moretones en la espalda y en ambos muslos. Él dijo: “Nos golpeaban para hacer daño, y nos volvían a dar para hacer más daño. Era pegar por pegar”.
Georgina Vinyals, una psicóloga de 34 años, dijo: “Estaba justo detrás de la primera línea de los manifestantes delante de la escuela, cuando la policía empezó a golpearlos con porras y nos empujaron. Así es cómo me hirieron. Ahora llevo un collarín y me lastimé el codo. Me han dicho que no vaya a trabajar durante quince dias”.
Jordi Pibernat, un trabajador social de 38 años, dijo: “Estaba en la primera línea cuando golpearon a un joven que cayó y quedó tirado en el suelo. Estaba tratando de agacharme para levantarlo y siguieron golpeándome con las porras. Tengo moretones en los brazos. Los que son profundos y todavía no se ven morados son donde me golpearon más fuerte”.
Aiguaviva
Jaume Mas, un ingeniero técnico de 52 años que resultó herido durante los esfuerzos de la policía nacional por cerrar el centro de votación de su pueblo, dijo: “Dialogar significa, literalmente, tener a dos partes que se hablan entre ellos. Repetí tres veces, en castellano, para asegurarme de que era un idioma que entendían: ‘Queremos hablar con su comandante para pedirle que nos muestre una copia de la orden judicial que les permite entrar en este edificio’. Nos respondieron con porras y sprays de pimienta. No nos dijeron ni una palabra. Nadie dijo por qué estaban allí, ni para qué estaban allí”.

“Ramón”, un cerrajero de 38 años, a quien la policía golpeó dos veces en el brazo mientras intentaba filmar la retirada de la urna, dijo: “El impacto por haber sido golpeado se me pasará, pero no estoy seguro de que lo que queda en mi cabeza desaparezca (...) Me preocupa mucho que traten de identificarme porque no quieren que lo que estaba grabando salga a la luz. La policía tenía una cámara para filmar lo que estaban haciendo. Me estaban filmando mientras yo los filmaba a ellos retirando la urna”.
Fonollosa
Magdalena Clarena, de 70 años, dijo: “Estaba sentada en una silla y me dijeron que me levantara. Dije que no quería. Dos guardias civiles me agarraron, me arrastraron y me tiraron al suelo. Entonces sentí un cuerpo caer sobre mí. Y era él [Jordi Puig de Llivol, véase más abajo]. Lo bueno es que es un joven delgado, así que por suerte sólo me rompí la muñeca Me dio una rabia, me sentía tan impotente y quería pelear con ellos. Así que, incluso conforme los guardias se marchaban, yo agitaba mi brazo roto y cantaba “¡Fuera, fuera! ¡Todo lo que puedo hacer es luchar pacíficamente! Quiero contarle al mundo lo que hicieron, para que la gente en Europa y el resto del mundo sepa lo que pasó aquí”.

Jordi Puig de Llivol, un técnico de 31 años de un servicio de automóviles, dijo: “Me agarraron por las muñecas, me levantaron y me empujaron, y luego me arrojaron al patio delante de la iglesia, y aterricé sobre la pobre mujer que ya estaba allí. Luego me empujaron por las escaleras y sentí patadas y puñetazos. Todo me duele, pero no tengo demasiados moretones”.
Metodología
El 1 de octubre, un investigador de Human Rights Watch viajó a Cataluña para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza y visitó Barcelona, ​​Girona, Fonollosa y Aiguaviva. Human Rights Watch también recibió videos e imágenes alegando el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía así como los ataques de los manifestantes contra la policía por correo electrónico, medios sociales y servicios de mensajería seguros. Dada la presencia de información poco fiable y a veces falsa en las redes sociales relacionada con las denuncias de uso de la fuerza por parte de la policía y agresiones contra la policía, Human Rights Watch sólo ha presentado casos aquí que haya podido verificar. En la investigación de estos tres incidentes documentados, Human Rights Watch habló cara a cara con 29 personas que denunciaron haber sido maltratadas por la policía, y 24 testigos oculares (y varios más por teléfono), así como autoridades locales de Fonollosa, Girona y Barcelona. Human Rights Watch ha contactado al gobierno español en busca de un comentario. Al señalar el número total de heridos entre los manifestantes y la policía, Human Rights Watch ha utilizado estadísticas oficiales sin más comentarios.

miércoles, 4 de octubre de 2017

La OMCT condena el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en #Catalunya #España


Barcelona/ Mambí en A/ Ginebra (Suiza), 4 de octubre de 2017 - España debe investigar a fondo la actuación policial que resultó en casi mil heridos en el contexto del referéndum de independencia celebrado el domingo pasado en Cataluña.

El domingo 1 de octubre de 2017, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se presentaron en varias decenas de colegios electorales de toda Cataluña con el fin de cerrarlos y requisar las urnas para impedir la votación, desalojando a la fuerza a las personas concentradas pacíficamente frente a los equipamientos públicos donde estaban convocadas a votar.

La Consejería de Salud ha informado de 893 personas que requirieron atención médica a causa de las actuaciones policiales, incluyendo personas ancianas y menores de edad. Se contabilizan dos heridos de gravedad, un hombre que recibió el impacto en el ojo de una pelota de goma lanzada a corta distancia en los alrededores de una escuela en Barcelona y una persona mayor que sufrió una crisis cardio-vascular cuando se desalojaba a los votantes en un colegio electoral en Lérida. En este último caso, los agentes policiales siguieron cargando contra las personas que rodeaban a la persona que había sufrido el infarto, obstaculizando las labores de reanimación que se estaban llevando a cabo. El Ministerio del Interior por su parte en un primer momento hizo un balance de 39 policías heridos, cifra que posteriormente ascendió a 431, después de contabilizar todos los heridos de carácter leve.

Las fuerzas de seguridad sacaron a golpes de porra, patadas y empujones a las personas congregadas en los puntos de votación, resultando en heridas y contusiones en la cabeza y fracturas de huesos, en particular hombros, mandíbulas, dedos de la mano y piernas. También se han recibido denuncias por insultos sexistas y presuntas agresiones sexuales a mujeres en el contexto de las actuaciones policiales.

“El uso indiscriminado de la fuerza contra personas indefensas, incluyendo en el contexto de acciones de desobediencia pacífica, es inaceptable en un Estado democrático de derecho y debe ser investigado por un organismo independiente”, afirmó Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Múltiples víctimas y testimonios han denunciado el empleo recurrente de defensas (porras) contra personas concentradas alrededor y dentro de los colegios electorales, donde destacaba una presencia significativa de personas ancianas y familias con menores de edad. En los alrededores de algunos colegios también se registró el uso de gases lacrimógenos así como de pelotas de goma, cuyo uso fue prohibido por el Parlamento catalán en noviembre de 2013.

Estas actuaciones se enmarcan en la convocatoria por parte del gobierno catalán de un referéndum de independencia de la comunidad autónoma para el 1 de octubre de 2017 que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España el pasado 20 de septiembre. En este contexto, las Fuerzas de Seguridad fueron desplegadas en Cataluña para hacer cumplir las órdenes judiciales que buscaban impedir la votación. El 28 de septiembre, expertos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostraron su preocupación por diversas actuaciones judiciales y policiales ocurridas en las semanas previas a la votación como detenciones, cierres de páginas web o acusaciones de sedición contra dirigentes sociales, que parecían violar derechos fundamentales.

La OMCT hace un llamamiento a las autoridades a que se abstengan de recurrir a la violencia y a que privilegien el diálogo. Es fundamental en este contexto garantizar el pleno respeto y protección del derecho a la libertad de reunión como pilar básico para canalizar la expresión colectiva de opiniones o creencias políticas, culturales o religiosas diversas, lo cual incentiva el debate público y la resolución pacífica de los conflictos.

Si bien la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su artículo 23, establece que “las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las circunstancias” y, en todo caso, antes de adoptarlas, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas”, en las referidas actuaciones policiales no se percibieron intentos de diálogo con las personas concentradas ni avisos previos alertando del uso de la fuerza. Asimismo, la Ley Orgánica de los Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5, prevé que en el ejercicio de sus funciones las Fuerzas de Seguridad deberán impedir “cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”, así como, regirse por “los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance”. Sin embargo, los hechos descritos denotan un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza así como de materiales antidisturbios.

A la luz de los hechos expuestos, la OMCT condena el uso de la fuerza empleado el cual no se apegó a los principios de proporcionalidad y necesidad y recuerda que este puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, la OMCT reitera que está prohibido el uso de defensas, pelotas de goma y proyectiles de gas dirigidos a la parte sensibles del cuerpo y cabeza y que el disparo de armas menos letales nunca debería realizarse a quemarropa o corta distancia.

En este sentido, cabe recordar que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en la última revisión periódica de España en 2015, mostró preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden, urgiendo al Estado parte a “adoptar medidas eficaces para prevenir y poner fin al uso desproporcionado de la fuerza por los agentes del orden, asegurándose de que existan normas claras y vinculantes sobre el uso de la fuerza que se ajusten plenamente a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. El Estado parte debe garantizar también la investigación pronta, exhaustiva e imparcial de todos los actos de brutalidad y uso excesivo de la fuerza por el personal de las fuerzas del orden y enjuiciar a quienes aparezcan responsables”.

La OMCT urge a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las actuaciones policiales en las que se haya registrado un uso excesivo o arbitrario de la fuerza, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley. Asimismo, es clave que se adopten las medidas necesarias para garantizar que las víctimas y las personas que documenten y denuncien violaciones a los derechos humanos puedan hacerlo sin ser agredidas o intimidadas y sin sufrir represalias.

Secretariado Internacional de la OMCT

martes, 3 de octubre de 2017

Hristo Stoichkov solicita dimisión de Soraya Sáenz de Santamaría #España #Catalunya



Barcelona/ Mambí en A/ Hristo Stoichkov demuestra que además de ser un gran futbolista, también se puede ser un gran ser humano. "Ordenar que se golpeen a señoras, a niños, a pueblo indefenso... su abuelo franquista, su padre franquista, y ella franquista", acusó el ex-futbolista a Soraya Sáenz de Santamaría.

Grande como siempre Hristo Stoichkov, y ahora más.