Buscar en archivos de Mambí en Acción

jueves, 12 de octubre de 2017

Informe de HRW acusa a #España del uso excesivo de la fuerza contra #Catalunya



HRW indica que es imprescindible abrir una investigación independiente sobre la violencia durante el referéndum del 1 de Octubre en Catalunya

La policía española usó de manera excesiva la fuerza contra manifestantes en Cataluña durante un controvertido referéndum, utilizando porras para golpear a personas que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas, dijo hoy Human Rights Watch. Human Rights Watch recibió muchas acusaciones de un uso injustificado de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre de 2017 y llevó a cabo investigaciones in situ después de la votación para documentar incidentes específicos.
Human Rights Watch habló con víctimas y testigos y revisó pruebas fotográficas y médicas, así como imágenes de vídeo de la ciudad de Girona y dos municipios de las provincias de Girona y Barcelona. Human Rights Watch encontró que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía hicieron en ocasiones un uso excesivo de la fuerza en los tres lugares el 1 de octubre, conforme trataban de ejecutar órdenes judiciales para impedir la votación.
“Nuestra detallada investigación de tres casos encontró que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil utilizaron la fuerza de manera excesiva el 1 de octubre en Cataluña”, dijo Kartik Raj, investigador de Europa Occidental de Human Rights Watch: “Puede que la policía tuviera a la ley de su parte para ejecutar una orden judicial, pero eso no le daba derecho para usar la violencia contra manifestantes pacíficos”.
A pesar de ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España, el referéndum de Cataluña se celebró el 1 de octubre. En toda la región, las dos fuerzas policiales enviadas por el gobierno central, junto con los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, trataron de ejecutar una orden judicial para impedir la celebración del referéndum, pero que también les obligaba a garantizar “la convivencia constitucional”. Se enfrentaron en gran medida a manifestantes pacíficos, aunque hubo incidentes en los que algunos respondieron a las fuerzas nacionales con violencia.
Cientos de manifestantes resultaron heridos, algunos de gravedad. El 2 de octubre el Departamento de Salud de Cataluña estimó que 893 personas habían reportado lesiones a las autoridades. El Ministerio del Interior de España dijo el 1 de octubre que 19 policías nacionales y 14 guardias civiles habían requerido atención médica inmediata y que fueron “innumerables los agentes” que habían sido heridos.
Tras el referéndum, Human Rights Watch documentó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos por parte de la Guardia Civil o la policía nacional en una escuela primaria de Girona que estaba siendo usada como centro de votación, y en los municipios de Aiguaviva (provincia de Girona) y Fonollosa (provincia de Barcelona). Human Rights Watch recibió otras denuncias y presuntas pruebas de malos tratos policiales, que no ha podido verificar o examinar en detalle, además de varios casos de agresiones contra agentes de policía por parte de algunos manifestantes.

Las imágenes y fotos publicadas por los medios de comunicación y las que aparecieron colgadas en las redes sociales y que fueron revisadas por Human Rights Watch parecen mostrar muchos otros casos de uso manifiestamente desproporcionado de la fuerza contra personas reunidas pacíficamente en los centros electorales y alrededor de los mismos, expresando su opinión política y, en algunos casos, recurriendo a la resistencia pasiva para obstruir a la policía.
El gobierno español ha insistido en que los agentes del orden actuaron “prudente, apropiada y proporcionadamente, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todos los ciudadanos”, y añadió que las actuaciones policiales “no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas”. Sin embargo, el 6 de octubre, el delegado del Gobierno en Cataluña expresó pesar y pidió disculpas por las cargas policiales durante una entrevista televisada.
El Gobierno español tiene la obligación de garantizar una investigación efectiva sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza, incluidos los graves incidentes documentados por Human Rights Watch. Dada la tensión actual entre las autoridades centrales y regionales y las preguntas complejas de jurisdicción, España debería considerar solicitar la asistencia de un organismo internacional independiente, dijo Human Rights Watch. Hasta el 8 de octubre, 23 juzgados de Cataluña estaban examinando denuncias por mala conducta policial, uno de los cuales investigaba denuncias presentadas por 36 personas en relación a 17 lugares en Barcelona.
En Girona (población 98.255), Human Rights Watch entrevistó a 37 personas que habían sufrido o sido testigos de la violencia policial, 15 de las cuales mostraron evidencias de lesiones que dijeron, fueron provocadas por los malos tratos de la policía. Testigos en el centro de votación del Collegi Verd en la calle Joan Maragall dijeron a Human Rights Watch que poco después de las 9 de la mañana del 1 de octubre, la policía nacional utilizó porras y escudos para cargar repetidas veces contra un cordón humano unido por los brazos para evitar que entraran por la puerta del colegio, golpeando a los manifestantes en las cabezas, los brazos, las piernas y los torsos. La policía no avisó antes de cargar y disparó balas de salva al aire, asustando a los niños que estaban allí presentes. 
Las imágenes en video y pruebas revisadas por Human Rights Watch corroboran las declaraciones de los testigos de que una vez dentro del recinto escolar, agentes de la policía nacional golpearon a numerosas personas con porras, provocándoles moretones. Uno de los padres que denunció haber sido golpeado era un policía de los Mossos fuera de servicio, y otro herido era un bombero igualmente fuera de servicio.
También en Girona, en el centro de votación de Sant Narcís, Xevi Gil Rosdevall, un bombero uniformado de 47 años, dijo que una porra de la policía le rompió un brazo. Gil Rosdevall mostró un video sobre el incidente a Human Rights Watch que parecía confirmar que no presentaba ninguna amenaza a la policía.
En Aiguaviva (población 763), Human Rights Watch habló con varios residentes que experimentaron, presenciaron o filmaron casos de violencia policial el 1 de octubre. Aproximadamente a las 3:45 de la tarde, unos 50 policías nacionales entraron en el pueblo donde una multitud de entre 70 y 100 personas estaba reunida comiendo en la plaza del ayuntamiento donde había un colegio electoral.
Un residente, Jaume Mas, un ingeniero técnico de 52 años, dijo que le pidió repetidamente a la policía una copia de la orden judicial autorizando su entrada. Él dice que a modo de respuesta comenzaron a golpear a la muchedumbre con sus porras. Human Rights Watch vio videos y fotos mostrando a un agente de la policía nacional usando un spray irritante cerca de Mas y otros, cuando no presentaban ningún peligro inminente.
Un hombre de 38 años que por temor a represalias sólo quiso ser identificado como “Ramón” dijo a Human Rights Watch que fue golpeado por la policía el 1 de octubre mientras filmaba la incautación de urnas en Aiguaviva. Las imágenes muestran a un policía golpeando el brazo que sostiene la cámara dos veces. Las imágenes posteriores muestran cómo la policía saca a Ramón a empujones del ayuntamiento y cómo éste aterriza 4 o 5 metros más lejos en el empedrado de la plaza del pueblo. El incidente tuvo lugar después de que la policía hubiera retirado la urna y las papeletas de votación. Ramón dijo que le causaron contusiones e hinchazón en el torso derecho, cuello, pierna izquierda, mano izquierda y garganta, y mostró a Human Rights Watch su parte médico y algunas de sus lesiones.
En Fonollosa (población 1.401), Human Rights Watch entrevistó a seis residentes, entre ellos el alcalde. Tres de ellos dijeron encontrarse entre los heridos por la policía el 1 de octubre. Los vecinos dijeron que habían levantado pacas de paja decoradas con flores como una barrera simbólica en la mayor de las tres mesas electorales en la zona. Estos testigos describieron su sorpresa ante la llegada a la 1:30 de la tarde de lo que estimaron ser 70 agentes de policía encabezados por guardias civiles, entre ellos agentes de civil que incautaron las papeletas y las urnas.
Magdalena Clarena, de 70 años, dijo a Human Rights Watch que dos guardias civiles la levantaron y arrojaron al suelo después de que ella se negase a moverse de su silla, que estaba bloqueando el camino a la mesa de votación. Entonces sintió cómo alguien cayó sobre ella y le partía la muñeca con el peso. Las imágenes de video muestran a Clarena siendo arrojada al suelo y cómo Jordi Puig de Llivol, un técnico de un taller de servicio del automóvil de 31 años, es lanzado encima de ella.
Un mecánico de 42 años que pidió ser identificado sólo como “Francesc” denunció haber sido llevado por cuatro guardias, arrastrado a través de la plaza, arrojado al suelo y retenido a la fuerza, y recibir golpes y patadas en la cabeza, a pesar de no estar bloqueando su entrada a la sala. Human Rights Watch ha visto sus lesiones e imágenes grabadas desde múltiples ángulos, así como sus informes médicos que corroboran sus testimonios.
España es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que imponen obligaciones específicas con respecto al derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y el uso de la fuerza por las fuerzas del orden. España debe garantizar que las personas disfruten del derecho de reunión pacífica y puedan expresar libremente sus opiniones. Si bien el gobierno puede imponer ciertas restricciones a esos derechos, las medidas deben ser necesarias y proporcionadas para un objetivo legítimo. Incluso cuando las personas estén actuando ilegalmente, el Estado no puede privarlas de sus derechos ni hacer un uso excesivo de la fuerza.
Las normas de derechos humanos sobre el empleo de la fuerza exigen que la policía utilice alternativas a la fuerza siempre que sea posible. La ley española que regula la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, así como el código ético de éstos, incorporan normas de derechos humanos y son claros sobre cuándo se considera necesaria la fuerza, cuándo la policía debe actuar con moderación y cuándo actuar proporcionalmente a la amenaza, además de buscar minimizar daños y lesiones. A medida que continúan las tensiones políticas entre Cataluña y el Gobierno central, es esencial que cualquier futuro despliegue policial se adhiera estrictamente a estas normas. Las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben también hacer público a las autoridades españolas que cualquier fuerza utilizada por la policía tiene que cumplir con las leyes nacionales y europeas de derechos humanos.
“En estos momentos tan críticos es especialmente importante que las autoridades respeten los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y reunión y el Estado de derecho”, dijo Raj. “Las promesas de Madrid y Barcelona de cooperar plenamente con una investigación independiente sobre la violencia el 1 de octubre serían un paso importante hacia el restablecimiento de la confianza”.
Antecedentes
Después de que el Parlamento regional de Cataluña acordara el 6 de septiembre celebrar un referéndum sobre la independencia, el Gobierno central de España presentó una demanda legal urgente ante el Tribunal Constitucional, que dictaminó el 8 de septiembre que tal consulta era inconstitucional y no debería tener lugar.
El Fiscal General, con el acuerdo de sus homólogos regionales y municipales en Cataluña, instruyó a las fuerzas de policía estatales y regionales a cooperar, haciendo un servicio de policía judicial, para que no se celebrara la votación el 1 de octubre, pero exigió que la orden se ejecutara de una forma proporcionada que respetara el “marco de convivencia constitucional” de los ciudadanos. Se estima que unos 10.000 policías se encontraban en Cataluña el 1 de octubre.
Una enmienda del Código Penal en 2005 despenalizó la participación en un referéndum considerado ilegal por los tribunales nacionales, lo que entre 2003 y 2005 hubiera acarreado una posible pena de cárcel.
El Gobierno español tiene la obligación de garantizar que se lleve a cabo una investigación efectiva sobre las denuncias de un uso excesivo de la fuerza. Dada la actual tensión entre el gobierno central de Madrid y las autoridades catalanas y las complejas cuestiones de jurisdicción, la participación de un organismo internacional independiente de expertos como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos podría ser una forma eficaz de asegurar su credibilidad con todas las partes. Esta investigación se beneficiaría en gran medida de la cooperación de las instituciones mediadoras catalanas y españolas (Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo).
De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, España debería velar porque todos aquellos que tengan una denuncia creíble de que sus derechos han sido violados, en particular como consecuencia de presuntos abusos policiales, cuenten con un recurso efectivo disponible para que se puedan investigar, y si es posible remediar, las potenciales violaciones de derechos. Si los recursos internos son inadecuados o no son capaces de dar un resultado satisfactorio a las presuntas víctimas, las personas tienen derecho a acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que los actos de las autoridades españolas se investiguen y sean juzgados por su cumplimiento de los derechos humanos.
Testimonios selectos
Girona
Ricardo Frigola, un hombre de 70 años originario de México que fue empujado y tirado al suelo por la policía y que sufrió lesiones en su caja torácica, dijo: “Me recuperaré de las heridas. Sí, por supuesto. Pero no estoy seguro de que alguna vez me recupere de lo que me hicieron”.

Carsten Treuzettel, un ciudadano alemán de 46 años que vive en Girona desde hace 22 años y tiene un hijo que acude al Col·legi Verd, estaba de pie en el patio cuando un agente de la policía nacional lo golpeó con una porra. Treuzettel dijo: “Los primeros que pasaron por encima de la valla comenzaron inmediatamente a golpear a la gente. No había ningún tipo de aviso o advertencia. Estaba mal. Un policía se acercó a mí y yo di un paso a un lado para dejarlo pasar, pero él me golpeó con su porra en la parte posterior de las piernas. Quiso darme un segundo golpe en la cabeza, pero levanté el brazo izquierdo e impedí que me golpeara”.
Xevi Gil Rosdevall, un bombero de 47 años que se encontraba en un cercano centro de votación en Sant Narcís de uniforme para mediar entre los manifestantes y la policía, acabó con una fractura del metacarpiano y múltiples moretones en la espalda y en ambos muslos. Él dijo: “Nos golpeaban para hacer daño, y nos volvían a dar para hacer más daño. Era pegar por pegar”.
Georgina Vinyals, una psicóloga de 34 años, dijo: “Estaba justo detrás de la primera línea de los manifestantes delante de la escuela, cuando la policía empezó a golpearlos con porras y nos empujaron. Así es cómo me hirieron. Ahora llevo un collarín y me lastimé el codo. Me han dicho que no vaya a trabajar durante quince dias”.
Jordi Pibernat, un trabajador social de 38 años, dijo: “Estaba en la primera línea cuando golpearon a un joven que cayó y quedó tirado en el suelo. Estaba tratando de agacharme para levantarlo y siguieron golpeándome con las porras. Tengo moretones en los brazos. Los que son profundos y todavía no se ven morados son donde me golpearon más fuerte”.
Aiguaviva
Jaume Mas, un ingeniero técnico de 52 años que resultó herido durante los esfuerzos de la policía nacional por cerrar el centro de votación de su pueblo, dijo: “Dialogar significa, literalmente, tener a dos partes que se hablan entre ellos. Repetí tres veces, en castellano, para asegurarme de que era un idioma que entendían: ‘Queremos hablar con su comandante para pedirle que nos muestre una copia de la orden judicial que les permite entrar en este edificio’. Nos respondieron con porras y sprays de pimienta. No nos dijeron ni una palabra. Nadie dijo por qué estaban allí, ni para qué estaban allí”.

“Ramón”, un cerrajero de 38 años, a quien la policía golpeó dos veces en el brazo mientras intentaba filmar la retirada de la urna, dijo: “El impacto por haber sido golpeado se me pasará, pero no estoy seguro de que lo que queda en mi cabeza desaparezca (...) Me preocupa mucho que traten de identificarme porque no quieren que lo que estaba grabando salga a la luz. La policía tenía una cámara para filmar lo que estaban haciendo. Me estaban filmando mientras yo los filmaba a ellos retirando la urna”.
Fonollosa
Magdalena Clarena, de 70 años, dijo: “Estaba sentada en una silla y me dijeron que me levantara. Dije que no quería. Dos guardias civiles me agarraron, me arrastraron y me tiraron al suelo. Entonces sentí un cuerpo caer sobre mí. Y era él [Jordi Puig de Llivol, véase más abajo]. Lo bueno es que es un joven delgado, así que por suerte sólo me rompí la muñeca Me dio una rabia, me sentía tan impotente y quería pelear con ellos. Así que, incluso conforme los guardias se marchaban, yo agitaba mi brazo roto y cantaba “¡Fuera, fuera! ¡Todo lo que puedo hacer es luchar pacíficamente! Quiero contarle al mundo lo que hicieron, para que la gente en Europa y el resto del mundo sepa lo que pasó aquí”.

Jordi Puig de Llivol, un técnico de 31 años de un servicio de automóviles, dijo: “Me agarraron por las muñecas, me levantaron y me empujaron, y luego me arrojaron al patio delante de la iglesia, y aterricé sobre la pobre mujer que ya estaba allí. Luego me empujaron por las escaleras y sentí patadas y puñetazos. Todo me duele, pero no tengo demasiados moretones”.
Metodología
El 1 de octubre, un investigador de Human Rights Watch viajó a Cataluña para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza y visitó Barcelona, ​​Girona, Fonollosa y Aiguaviva. Human Rights Watch también recibió videos e imágenes alegando el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía así como los ataques de los manifestantes contra la policía por correo electrónico, medios sociales y servicios de mensajería seguros. Dada la presencia de información poco fiable y a veces falsa en las redes sociales relacionada con las denuncias de uso de la fuerza por parte de la policía y agresiones contra la policía, Human Rights Watch sólo ha presentado casos aquí que haya podido verificar. En la investigación de estos tres incidentes documentados, Human Rights Watch habló cara a cara con 29 personas que denunciaron haber sido maltratadas por la policía, y 24 testigos oculares (y varios más por teléfono), así como autoridades locales de Fonollosa, Girona y Barcelona. Human Rights Watch ha contactado al gobierno español en busca de un comentario. Al señalar el número total de heridos entre los manifestantes y la policía, Human Rights Watch ha utilizado estadísticas oficiales sin más comentarios.
Publicar un comentario