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jueves, 15 de noviembre de 2012

Repudia la SIP atropello de un juez y del gobierno ecuatoriano contra la libertad de expresión



Barcelona/ Mambí en A/ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió una decisión de un juez ecuatoriano que, influenciado por el Poder Ejecutivo, pretende forzar a un periódico a “rectificarse” de una información basada en una fuente identificada y, además, a “disculparse” ante la autoridad.

El 12 de noviembre, el juez Marco Albán Núñez acogió favorablemente una denuncia contra el diario “La Hora” del subsecretario nacional de la Administración Pública, Oscar Pico Solórzano, por presunta violación de “los derechos constitucionales” del gobierno que preside Rafael Correa.

“La Hora” había difundido información referente a los gastos del gobierno en publicidad oficial, basándose en un informe público de la organización no gubernamental “Participación Ciudadana”, a la que identificó. Pico Solórzano contradijo los datos de la ONG pero decidió ir judicialmente contra el periódico para que rectificara una información que, originalmente, no es de su autoría.

El diario se negó a proceder tal como pedía el alto funcionario del gobierno de Correa. Ahora, el juez Albán Núñez dictaminó que “La Hora” violó, en perjuicio del gobierno, sus “derechos constitucionales a la información veraz y el derecho a rectificación”, y ordenó al periódico a expresar sus “disculpas públicas al Estado ecuatoriano por haber publicado información que, al ser contrastada (...) ha resultado inexacta”.

“Si la independencia de la justicia en Ecuador ya había quedado mancillada después del vergonzoso fallo contra el diario ‘El Universo’, ahora se confirma que ha perdido todo vestigio de ecuanimidad y se ha transformado en el brazo ejecutor de los ucases del presidente Correa para acallar a las voces independientes o críticas”, comentó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, dijo que “la democracia autoritaria que rige en Ecuador desde que Correa está en el poder produce situaciones parecidas a las de las monarquías absolutas, cuando los jueces fallaban para ‘proteger’ a ‘sus majestades’ de lo que pudiera decir ‘el vulgo’”.

“En Ecuador, tal parece que las autoridades han olvidado que el soberano es el pueblo y no aquéllos a quienes el pueblo ha colocado circunstancialmente en posiciones de poder”, añadió.

El director de “La Hora”, Francisco Vivanco, opinó que la pretensión gubernamental no es contra el periódico sino contra los ciudadanos que tienen derecho a recibir libre información mediante su elección. “No tenemos que pedir disculpas porque la información publicada se basa en los datos de ‘Participación Ciudadana’”, expresó.

Fundamedios, otra ONG que promueve la libertad de expresión en Ecuador, estimó que la sentencia “constituye una violación al derecho a la libertad de expresión y prensa, toda vez que impone sanciones por responsabilidad ulterior a un medio, por la publicación de una nota cuyo contenido era de interés público” y “el gasto en publicidad electoral está estrechamente vinculado con el manejo de recursos del Estado”.

“Los derechos humanos consagrados en la Constitución amparan de manera exclusiva a individuos y colectivos, y por su naturaleza, no pueden incluir en su espectro de protección al Estado o a ninguna de sus funciones o instituciones”, alertó Fundamedios.

El 7 de noviembre, la SIP ya había considerado un atentado contra la libertad de expresión la decisión de este mismo juez que, al inicio del proceso contra “La Hora”, prohibió al diario referirse al juicio mientras éste estuviera en desarrollo.

La Declaración de Chapultepec establece que “la imposición arbitraria de información” se opone “directamente a la libertad de prensa”. A su vez, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

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