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miércoles, 1 de abril de 2015

Capturan a joven español que difundía mensajes discriminatorios #DDHH

Barcelona/ Mambí en A/ El hombre es acusado por las autoridades españolas de incitar al odio. Las condenas pueden llegar a los 3 años de cárcel y afectar no solo al emisor original del mensaje, sino a las personas que hagan retweet.

El desencadenante para la actuación policial fue un mensaje relativo a las víctimas del fatídico vuelo de Germanwings, el cual decía: "... a ver, a ver, no hagamos un drama, que en el avión iban catalanes, no personas".

Presentan Segunda Edición de la Serie de Manuales de la #OMCT

Barcelona/ Mambí en A/ La segunda edición de la Serie de Manuales de la OMCT fue presentada en Washington D.C., con expertos eminentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el marco del 154º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 19 de marzo de 2015, en el Robert F. Kennedy Human Rights, el Comisionado James L. Cavallaro, los autores originales Diego Rodríguez y Claudia Martín, el abogado Alejandro Malambo de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Helena Solà Martín, asesora legal de la OMCT y coordinadora de la 2a edición, participaron en la presentación. La discusión fue moderada por Frank La Rue, ex Relator Especial de Naciones Unidas y Director del Robert F. Kennedy Human Rights en Europa.

El Comisionado James L. Cavallaro, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elogió la nueva edición, la cual consideró “una herramienta indispensable para litigantes, pero también para los operadores del Sistema Interamericano, incluyendo Comisionados, Jueces y abogados”. El Comisionado expresó seria preocupación respecto al número creciente de informes que recibe denunciando represalias contra las personas privadas de libertad que alegan abusos y condiciones inadecuadas de detención; en este marco, destacó que el nuevo Manual se publicó en un momento muy oportuno para apoyar a las víctimas, así como a sus representantes legales y organizaciones de derechos humanos a revertir esta tendencia preocupante.

Helena Solà, asesora legal de la OMCT, trazó los principales logros del Sistema Interamericano en el marco de la lucha contra la tortura y los malos tratos desde que se publicó la primera edición del Manual en 2006, y enfatizó “la importancia de desarrollar nuevos materiales didácticos e iniciativas de capacitación para hacer frente a retos estructurales en los ordenamientos jurídicos, instituciones y prácticas internas”.

Alejandro Malambo, abogado de la CCJ, presentó algunos de estos retos en el contexto colombiano, entre ellos, la invisibilidad de los actos de tortura en los procedimientos penales internos como consecuencia del uso (en el mejor de los casos) de otros tipos penales genéricos, como el de “lesiones” o el de “abuso sexual”. El Manual es un “instrumento valioso para los litigantes que luchan contra la tortura, dado el amplio espectro de situaciones que cubre bajo el alcance material del Artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos“.

Finalmente, los autores de la primera edición destacaron la importancia de la compilación y sistematización de normas procesales y sustantivas para interponer quejas de forma exitosa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el papel fundamental de las Escuelas y Facultades de Derecho para formar expertos especializados en el marco de la tortura y los malos tratos con el fin de enfrentarse a preocupaciones fundamentales como la brecha entre los estándares internacionales y su implementación, y el círculo de impunidad.

La nueva edición de la Serie de Manuales de la OMCT, la cual ha sido posible gracias al apoyo de la Comisión Europea, la Fundación Hans Wilsdorf y la Fundación Oak, está disponible en: http://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/reports-and-publications/2014/11/d22956. Para pedir un ejemplar impreso, por favor envíen un mensaje a: hs@omct.org con el asunto “Manual”, especificando el volumen de la Serie que le interesaría encargar (1, 2, 3 o 4).

Reclamantes de tierras atacados por hombres armados #Colombia #AcciónUrgente

Barcelona/ Mambí en A/ Amnistía Internacional hace un llamado a la Acción Urgente. Decenas de hombres armados atacaron a reclamantes de tierras en la comunidad afrodescendiente y afromestiza de Pedeguita Mansilla, en el norte de Colombia, unos días después de que se negaran a la comunidad medidas de protección. Los reclamantes piden la restitución de sus tierras colectivas.

Al atardecer del 18 de marzo, decenas de hombres armados, en su mayoría encapuchados, llegaron a la casa de Marlene Benítez, integrante del Consejo Comunitario de Pedeguita Mansilla en el municipio de Ríosucio, departamento del Chocó. Algunos de los hombres empezaron a disparar sus armas indiscriminadamente. Destruyeron las casas de algunos de los miembros de la comunidad y robaron su ganado y otras pertenencias, como alimentos y herramientas. El hijo de Marlene Benítez, el vecino de ésta, Felipe Triana, y otros dos hombres fueron golpeados y heridos. Los hombres armados, que habían pasado por el puesto de policía de San Andrés en su camino a Pedeguita Mansilla, introdujeron por la fuerza a Marlene Benítez, su nieta de cuatro años, su hijo, Felipe Triana, y otros dos hombres en un camión y se los llevaron a Belén de Bajirá. El camión se detuvo en el puesto policial de Belén de Bajirá. Marlene Benítez gritó pidiendo ayuda, pero los policías se negaron a intervenir o detener a los hombres. Los miembros de la comunidad fueron finalmente liberados, y se quedaron en Belén de Bajirá para buscar atención médica para los heridos.

En octubre de 2013, Marlene Benítez y otros miembros de la comunidad regresaron a Pedeguita Mansilla, lugar que se habían visto obligados a abandonar hacía 16 años tras ser víctimas de desplazamiento forzado a manos de paramilitares. La comunidad descubrió que sus tierras habían sido ocupadas por poderosos intereses económicos. El Consejo Comunitario de Pedeguita Mansilla lleva muchos años reclamando la devolución de sus territorios colectivos. En 2014, el Ministerio de Defensa bloqueó una petición de medidas cautelares solicitada por la Unidad de Restitución de Tierras, organismo estatal, para la comunidad de Pedeguita Mansilla. El 6 de marzo de 2015, unos días antes del ataque, un juez de restitución de Quibdó, departamento del Chocó, rechazó una petición de medidas cautelares respaldada por la Defensoría del Pueblo, alegando que no existía amenaza aparente.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de Marlene Benítez, su nieta, su hijo, Felipe Triana, y otros miembros del Consejo Comunitario de Pedeguita Mansilla, y pidiendo a las autoridades que les brinden protección efectiva de acuerdo con los deseos de los afectados;
- pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación completa e imparcial sobre las amenazas de los paramilitares contra miembros de la comunidad de Pedeguita Mansilla, que hagan público sus resultados y que lleven a los responsables de estas amenazas ante la justicia;
- instándolas a emprender acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE MAYO DE 2015 A:

Presidente
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Casa de Nariño
Calle 7. No 6-54.
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631
Tratamiento: Dear President Santos/ Excmo. Sr. Presidente Santos Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Ministerio de Defensa Carrera 54, no.26-29 Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá, Colombia
Fax: + 57 1 266 1003
Tratamiento: Dear Minister/
Estimado Sr. Ministro
Y copia a:
ONG
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Calle 61A, No. 17-26
Bogotá, Colombia

Envíen también copias a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.
EMBAJADA DE COLOMBIA
Excm. Sr. Fernando CARRILLO FLOREZ
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario
C/ General Martínez Campos, 48 28010 - MADRID
Fax: 91 310 28 69
E-mail: emadrid@cancilleria.gov.co
www.embajadaenespana.gov.co

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A finales de la década de 1990, los paramilitares, solos o en connivencia con las fuerzas armadas, fueron responsables de homicidios, amenazas de muerte y desplazamientos forzados de numerosos afrodescendientes, afromestizos e indígenas que viven en el departamento del Chocó, incluidas las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, la vecina comunidad de Pedeguita Mansilla y el resguardo indígena de Urada-Jiguamiandó.

Desde entonces, en su intento de reclamar sus tierras, la población afrodescendiente y afromestiza de esas zonas se ha enfrentado a reiteradas amenazas y homicidios a manos de grupos paramilitares que actúan en estrecha connivencia con las fuerzas armadas y con intereses económicos. Las tierras están situadas en las áreas de propiedad colectiva cedidas a las comunidades afrodescendientes de la región. Estos intereses han tratado de desarrollar proyectos agrícolas de gran envergadura, como cultivo de palma africana o cría de ganado, en tierras reconocidas como parte del territorio colectivo de las comunidades afrodescendientes. De igual modo, cuando los miembros de la comunidad vecina de Pedeguita Mansilla empezaron a retornar a sus tierras en octubre de 2013 empezaron a recibir amenazas de muerte de paramilitares.

En junio de 2011 se aprobó una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con decretos leyes para la restitución de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes e indígenas, que entró en vigor a principios de 2012. El Consejo Comunitario de Pedeguita Mansilla está tratando de recuperar sus tierras dentro de este nuevo marco jurídico. Hasta el momento, sólo se ha devuelto un territorio colectivo indígena, y no se ha devuelto ningún territorio afrodescendiente.

Los paramilitares ya habían amenazado anteriormente a Marlene Benítez, de la que decían que había recibido la tierra que la comunidad está reclamando de una mujer estrechamente vinculada a las estructuras paramilitares que actúan en el noroeste de Colombia.

#España amordaza la libertad de expresión y de reunión y restringe el derecho de asilo

Barcelona/ Mambí en A/ A pesar de la fuerte oposición de la sociedad civil, de todos los partidos de oposición, de la opinión pública, así como de la condena por parte de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, España adoptó el pasado jueves 26 de marzo la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en lo que muchos consideran un día aciago para la democracia.

La Red Euro Mediterránea para los Derechos Humanos (REMDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FJDH), La Asociación Europea para la Defensa de Los Derechos Humanos (AEDH) y sus organizaciones miembro condenan enérgicamente la ley, justamente calificada de “ley mordaza”, y reiteran su seria preocupación por las crecientes restricciones de la libertad de expresión y de reunión pacífica en España.

Con el pretexto de asegurar la seguridad pública, la “ley mordaza” establece sanciones administrativas, algunas de ellas muy severas, con el objeto de disuadir a la ciudadanía de expresar sus posiciones a través de demostraciones públicas. Esta ley criminaliza las nuevas formas de expresión y de acción colectiva que se han desarrollado en los últimos años, entre las cuales los escraches (manifestaciones para hacer denuncias públicas), las sentadas, las ocupaciones de espacios públicos, las acciones pacíficas como rodear los parlamentos y las caceroladas.

La Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana impone multas por organizar encuentros públicos y manifestaciones sin notificación previa, lo que vuelve imposibles las concentraciones espontáneas a pesar de ser pacíficas. Incluso las concentraciones pacificas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, del Senado o de las cámaras legislativas de las Comunidades Autónomas pueden ser consideradas “faltas graves” con multas que pueden llegar a los 30.000 euros. La difusión de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad también pueden ser consideradas falta muy grave, lo que puede dificultar la documentación de los abusos cometidos por las fuerzas del orden y reforzar el clima de impunidad.

Por otra parte, esta ley afianza la práctica de las expulsiones sumarias de migrantes desde los enclaves españoles de Ceuta y en Melilla hacia Marruecos, restringiendo su derecho a pedir asilo y violando el principio de no devolución automática y la prohibición de las expulsiones colectivas. Expone a los migrantes a un serio riesgo de tortura y malos tratos al negarseles la posibilidad de presentar una reclamación en contra de las fuerzas del orden en caso de abusos.

El 23 de febrero de 2015, cinco expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron a España a reconsiderar la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Pública, ya que "vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo".

El Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, también expresó su preocupación por la amenaza que supone esta ley para el ejercicio del derecho de reunión pacífica, y declaró que la propuesta de legalizar las expulsiones automáticas y colectivas de inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla es incorrecta e ilegal según el derecho internacional.

Nuestras organizaciones urgen a España a revocar esta ley que viola la Constitución Española, así como el derecho internacional y europeo en materia de derechos humanos y refugio. También conminamos a las instituciones europeas, en línea con nuestras demandas expresadas previamente en una carta enviada a los Comisarios europeos y a los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, a adoptar una posición clara con el fin de proteger los valores fundamentales en los que se basa la UE y tomar medidas para garantizar que éstos no sean violados en los Estados miembros de la UE. La Comisión Europea en tanto que es guardiana de los tratados tiene que asegurar que los Estados Miembros cumplan con los derechos y las libertades fundamentales garantizadas por el Derecho de la UE, incluida la Carta Europea de Derechos Fundamentales.


ACSUR - Las Segovias - Asociación para la Cooperación en el Sur
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
European Association for the Defence of Human Rights (AEDH)
Federacíon de Asociaciones de Defensa y Promocíon de los Derechos Humanos
FIDH (International Federation for Human Rights)
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
SODEPAU - Solidaritat, Desenvolupament i Pau
World Organisation Against Torture (OMCT)

martes, 31 de marzo de 2015

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