Mambí en A/ La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, publicó el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En el informe publicado resalta, la responsabilidad del régimen en materia de alimentación y salud, junto a la discriminación social por motivos políticos.
“El Gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación (…) Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos (…) No obstante, la discriminación con base a motivos políticos y el control social mediante los carnets tienen un impacto diferenciado en la habilidad de las mujeres para hacer valer sus derechos”, dice el informe.
También señala la censura contra medios de comunicación, así como el cierre forzado de emisoras, canales de televisión y la detención de trabajadores de la prensa y destaca a las redes sociales como los principales medios de información de la población.
“La velocidad de la internet está disminuyendo paulatinamente, incluyendo por la falta de inversión en infraestructura. Asimismo, en los años recientes, el Gobierno ha bloqueado sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las principales redes sociales”, agregó el informe.
Asimismo, hay evidencias de que el régimen ha ido desmantelando, controlando y militarizando las instituciones democráticas en especial “la Asamblea Nacional” e indica que “las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos (…) no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales”.
Entre tanto, el informe concluye que la impunidad ha permitido la constante violación de los derechos humanos, exhortaron una investigación transparente referente sobre las violaciones para dar con los responsables.
-Denunciaron ejecuciones extrajudiciales-
La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por "resistencia a la autoridad", durante operaciones policiales en 2018.
"Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores" resalta Bachelet.
Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada.
"El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas", explica.
La situación es "compleja", admite Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.
"Este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas", expone Bachelet.
Además de la disolución de las FAES y de los "colectivos", Bachelet recomienda la creación de "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para analizar esas ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.
El informe recuerda que la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país sudamericano.
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