Barcelona/ Mambí en A/ La Human Rights Foundation (HRF) pide al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, llevar a cabo las gestiones diplomáticas pertinentes con el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, para que se invite a una misión de observadores de la OEA con el fin de supervisar las próximas elecciones del 14 de abril, asegurando ello que sean libres y justas.
"Desde 1962, la OEA ha llevado a cabo alrededor de 200 misiones de observación electoral, tanto en condiciones normales de situaciones democráticas, así como, para controlar las transiciones de gobiernos autocráticos hacia la democracia", dijo Thor Halvorssen, presidente de HRF. "Las transiciones democráticas de la Nicaragua sandinista en 1990 y Perú de Fujimori en el año 2000 fueron supervisadas de cerca por la OEA. Por su exclusión de estas elecciones generales, el gobierno venezolano deja en claro que no van a permitir que una institución independiente pueda supervisar el proceso electoral ", continuó Halvorssen.
En 1990, la misión de observadores de la OEA envió 433 delegados a Nicaragua para garantizar que el proceso de transición hacia la democracia, se produjese como resultado de unas elecciones libres y justas. Estas iniciativas diplomáticas facilitó la transferencia pacífica del poder por parte del gobierno sandinista autoritario a uno democrático de coalición dirigido por Violeta Chamorro.
Del mismo modo, en el 2000, una misión de observación electoral de la OEA encabezada por el prestigioso diplomático guatemalteco Eduardo Stein, jugó un papel importante durante la supervisión de la polémica tercera reelección de Alberto Fujimori en Perú. A la vista de las numerosas maniobras electorales empleadas por el gobierno de Fujimori, la misión de observación de la OEA abandonó el país antes de que se realizase la votación, y presentó un informe final concluyendo que: "las condiciones del proceso electoral que la Misión ha observado no permiten un libre y justo concurso".
El 9 de marzo, la presidenta del CNE de Venezuela, Tibisay Lucena, pidió a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) formar simplemente un solo "acompañamiento" de la misión electoral, la cual carece de las facultades de supervisión que las misiones de observación electoral tradicional de la OEA.
"UNASUR ha hecho bien en condenar enérgicamente el golpe de Estado de 2009 en Honduras, pero cometieron un error al condenar y suspender al gobierno democrático del Paraguay, después del proceso constitucional que derrocó al presidente Lugo en 2012", explicó Halvorssen. "Al mismo tiempo, UNASUR ha mantenido un silencio ensordecedor sobre la erosión de la democracia y la violación de los derechos humanos en Venezuela, a pesar de que esta situación ha sido ampliamente documentada. En general, la UNASUR se ha dedicado a la defensa de los poderes ejecutivos de la región, con independencia de que gobierne democráticamente o no ", concluyó.
El artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana establece, que las misiones de observación electoral se llevarán a cabo a petición del Estado en cuestión, y que tras un acuerdo con la Secretaría General de la OEA, el Estado va a garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información, y la plena cooperación con la misión de observación electoral.
"Los gobiernos democráticos deben solicitar el apoyo de este tipo de misiones diplomáticas con el fin de garantizar la transparencia de sus procesos electorales. Sin embargo, el gobierno de Venezuela no es un gobierno democrático tal como se define en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana, por lo que no tiene interés en contar con un organismo internacional, imparcial e independiente que supervise estas elecciones", dijo el director jurídico, Javier El-Hage, de HRF internacional.
En previsión de esta situación, el Secretario General de la OEA apoyándose en los artículos 18 y 20 de la llamada Carta Democrática de ésta organización, puede poner la situación en conocimiento del Consejo Permanente de la OEA, con el fin de hacer un poco de presión sobre los gobiernos infractores para que permitan la creación de una misión observadora. Si estas iniciativas diplomáticas por parte del Consejo Permanente fallasen, entonces la Asamblea General de la OEA podría ir tan lejos como suspender al Estado en cuestión.
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