Jose Alberto Alvarez Bravo.
Cuando una nación no vive bajo el imperio de la ley, -o cuando la ley es letra muerta, o cuando sólo sirve a los intereses del estamento que la promulga-, la injusticia, la arbitrariedad, y el abuso de poder, proliferan como la mala hierba.
Ninguna persona, por decente que sea, se encuentra a salvo allí donde el estado de derecho sólo existe en las aspiraciones de sus mejores hijos. Un día cualquiera, sin darse ni cuenta, las frías e insensibles fauces de la maquinaria jurídico-penal devoran sus sueños, sus aspiraciones, su vida.
Difícilmente se llegue a saber cuántos cubanos, en los últimos diez lustros, se han visto involucrados en procesos penales turbios, amañados, donde han sido declarados culpables porque lo ha dicho un papel, y es sabido que "el papel aguanta lo que le pongan".
Otro nombre se agrega a esta prolija relación: Olga Lidia Ramírez Maura.
Esta compatriota ha sido condenada a siete años de privación de libertad, bajo un presunto delito de Tráfico de Personas.
Una simple ojeada a las actuaciones, demuestra la ausencia de pruebas concluyentes de su culpabilidad. Nada demuestra, ni remotamente, que se haya cumplido en su caso la condición preestablecida de ánimo de lucro.
Quien lea la rocambolesca acta condenatoria, se percata inmediatamente de lo que se mueve tras bambalinas: el gobierno cubano, en el paroxismo de la ira por la incesante fuga de artistas, deportistas, personal de la salud, figuras de la política oficial, y hasta relevantes segurosos, se ha ensañado con esta madre soltera en venganza por la carga adicional de desprestigio que comporta este ya incontrolable éxodo.
No se precisa ser un exégeta consumado para entender las razones de este tribunal para condenar a alguien -por siete largos años- por la presunta comisión de un delito que no produjo ningún efecto material.
En otros documentos del proceso queda claro el asunto: el actuar de la ciudadana lesiona el prestigio de la revolución.
¿Qué prestigio, y qué revolución?, cabría preguntarse.
El descrédito de los tribunales cubanos es ya proverbial. Este caso demuestra, una vez más, su triste condición de amanuenses. Ni siquiera necesitaron estos lacayos "formarse convicción", pues este carácter, "revolucionariamente" expeditivo, les fue transferido por el oficial de la Seguridad del Estado, Mayor Vladimir Acanda Alonso, quien tuvo a su cargo la instrucción de este inquisitorial y vengativo proceso.
¿Tendremos que creer que Olga Lidia Ramírez Maura es culpable de la estampida de millones de cubanos durante este último medio siglo?
Descartado el sofisma, la realidad cruda y desnuda es que hoy la sala de siquiatría del Hospital Hermanos Ameijeiras tiene una nueva paciente. Intento suicida.
¿Es para menos?
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